La norma rechazada por la Cámara de Diputados dice mención a la posibilidad que se le entregaba a la Dirección General de Aguas para encargar informes técnicos a un revisor independiente.
El mencionado artículo formaba parte del proyecto pro-inversión del Ejecutivo y buscaba modificar el Código de Aguas para introducir la figura del revisor externo pagado por el solicitante, quien realizaría inspección ocular para resolver derechos de agua y controversias.
En opinión del Diputado Daniel Núñez ese era un intento del Gobierno de privatizar el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas. “La polémica figura del revisor externo privado y pagado por los poderes económicos de la minería y agroindustria solo se prestaría para seguir apropiándose del agua y continuar perjudicando a comunidades, al sistema de agua potable rural y pequeños campesinos”, remarcó Núñez.
El parlamentario espera que el Gobierno haya entendido el mensaje de los diputados y no persevere en el Senado con la polémica figura de los revisores externos.
Asimismo, Núñez pidió al Ejecutivo acelerar el reglamento de la reciente Ley 21.064 del 27 de enero de 2018 que, precisamente, fortalece el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas.
