Gracias a la intervención de la gobernación de Limarí, Instituto de los Derechos Humanos y carabineros, se logró detener la acción judicial debido a que la medida involucraba personas que no eran parte del juicio.
Una jornada intensa se vivió durante esta mañana junto a las familias ovallinas que el pasado 7 de agosto se vio afectada tras el desalojo de Armando Araya Gallardo, dependientes y habitantes del lote 3 y 4 del terreno ubicado a un costado de la Costanera, luego de que el juicio que se disputaba el terreno, favoreciera a la empresa demandante Urbana Río Limarí Limitada.
Durante esta mañana, Fuerzas especiales de Carabineros, nuevamente volvieron al sitio La Parra N°2 para concretar la nueva orden judicial que esperaba desalojar a las más de 20 familias que viven en el sector.
Con título en mano, “habitantes del sitio insisten que el terreno es de sus propiedad”, según conversaciones con Carolina Cortés, receptora judicial de Ovalle, “ellos nos señalan que no son familiares y ellos son los dueños de esos sitios. Si el juicio lleva cuatro años y no se ha podido demostrar en todo estos años, yo vengo a cumplir una orden judicial ¿Qué hago? Yo solo vengo a cumplir una orden, nada más”, expreso la funcionaria durante la mañana.
Nuevos antecedentes
Tras los acontecimientos ocurridos el pasado 7 de agosto, el gobernador de Limarí, Darío Molina, explicó que hoy la situación ha tenido nuevas aristas, “de acuerdo a un peritaje de bienes nacionales, establece el terreno del litigio hay propiedad fiscal (en una parte de este terreno), por lo tanto hay un tercer interviniente que es el fisco de Chile”.
Mediantes estos antecedentes, la intendenta de la Región de Coquimbo, junto al abogado de la familia afectada, realizaron una solicitud de orden de no innovar para deponer el desalojo el cual, la corte falló en rechazo de este recurso.
Final inesperado
Cuando todo apuntaba a un trágico desenlace, gracias a la asesoría jurídica de la gobernación de Limarí, Instituto Nacional de los Derechos Humanos, abogados de la familia y Carabineros, intervinieron ante el tribunal para detener la acción jurídica.
El abogado de DD.HH señaló a las familias afectadas que, “además de los grupos vulnerables que había que dar protección y la enorme cantidad de familias que viven en este lugar, estás familias no son parte de ese grupo que era abarcado por la resolución que dictó el tribunal de Ovalle que dispuso este desalojo, no eran familiares de don Armando y no eran dependiente de él, por lo tanto, esa resolución no les afectaba, por lo tanto, nosotros le hicimos saber este razonamiento a la magistrado y la magistrado nos encontró la razón”.
Por lo tanto, el caso que en la espera que se realice un nuevo juicio que pueda determinar efectivamente los derechos de propiedad que cada una de las partes intervinientes.
Romina N.
Periodista.
