De estos, tres cargos corresponderán al Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, y los restantes se distribuirán en tribunales de Illapel, Vicuña y La Serena durante los próximos tres años.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, con la asistencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el pleno de ministros del máximo tribunal, promulgó ayer, miércoles 28 de junio, la ley que crea 110 nuevos cargos para jueces en tribunales de todo el país y 305 puestos para funcionarios en tribunales de todo el país, de los cuales 7 jueces y 19 funcionarios corresponden a la jurisdicción de La Serena.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, agradeció el consenso que generó el proyecto, el que se acordó en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
«No cabe sino agradecer el esfuerzo mancomunado de los diferentes poderes públicos involucrados en la tramitación de esta iniciativa, que desde sus albores mostró consenso y deferencia hacia la necesidad de mejorar los estándares del servicio judicial con la mirada puesta en el beneficio de la ciudadana, a quienes -en definitiva- nos debemos y que dan sentido a nuestro trabajo diario, el cual sin duda se ver fortalecido con este loable propósito normativo hoy convertido en ley de la República», dijo la autoridad judicial.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, destacó que esta ley generar cambios concretos en el día a día de la ciudadanía. «La justicia que vale es la que se puede plasmar en una sentencia. Mucho se podrá hablar sobre el funcionamiento de los tribunales y de las necesidades de nuestros ciudadanos pero, sin jueces que juzguen no pasamos de buenos deseos y a eso apunta esta ley, a contar con más jueces, bien concreto, y también con más funcionarios», dijo.
ALCANCES DE LA LEY
El proyecto de ley aumenta en 110 la planta de jueces en 82 tribunales del país. A la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de La Serena corresponderán 3 magistrados en tribunales orales en lo penal, 2 en juzgados de competencia común o mixta, 1 en laboral y 1 en garantía.
Además, refuerza el personal de funcionarios y empleados en dichos tribunales, incorporando 19 nuevos cargos.
La incorporación de los nuevos jueces se hará en forma gradual, en tres etapas: una vez promulgada la ley, al año de la entrada en vigencia y finalmente transcurridos dos años.
La norma incluye también los recursos necesarios para su implementación, lo que se traduce en un aumento de los gastos operacionales; de los transitorios asociados a mobiliario y equipos informáticos y de aquellos referidos a infraestructura, asociados a remodelación, habilitación y/o construcción de nuevas salas en aquellos tribunales que no cuentan con espacio para el o los nuevos jueces y funcionarios.
