Trece personas recibieron penas por asociación ilícita, receptación y lavado de activos, en un caso que involucró el robo y exportación ilegal de cobre.
El Juzgado de Garantía de Coquimbo dictó sentencia este martes 12 de agosto contra 13 imputados por su participación en una asociación criminal dedicada al robo, comercialización y lavado de activos provenientes del tráfico de minerales, principalmente cobre y chatarra de origen ilícito.
Condenas y medidas
En un procedimiento abreviado, el magistrado Gonzalo Martínez Merino impuso las siguientes sanciones:
- Siete acusados recibieron penas de 61 a 541 días de presidio, con remisión condicional (libertad vigilada) por 1 a 3 años.
- Cinco condenados fueron sentenciados a 1.623 días de prisión, sustituidos por libertad vigilada intensiva.
- Una persona deberá cumplir su condena bajo reclusión domiciliaria nocturna.
Además, el tribunal aplicó sanciones accesorias, como la suspensión de cargos públicos durante el tiempo de condena, multas entre 0,3 y 20 UTM, y el comiso de los bienes incautados.
Modus operandi de la organización
La investigación estableció que, desde 2014, el grupo operaba en Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana, dedicándose a:
- Robo y receptación de cobre (cátodos, cables y chatarra) proveniente de faenas mineras, parques eólicos, redes eléctricas y trenes (incluyendo sustracciones del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia entre 2022 y 2025).
- Transformación y exportación ilegal del metal a Europa, usando documentación falsa para ocultar su origen.
- Lavado de activos mediante maniobras comerciales y financieras.
Cada miembro tenía roles definidos, abarcando desde el hurto inicial hasta el fraude aduanero y contrabando.
Procesos pendientes
Tres imputados adicionales, entre ellos F.E.S.A. (señalado como líder de la organización), permanecen en prisión preventiva tras la ampliación de la investigación por 90 días, ordenada el 8 de agosto.
Este fallo marca un avance en el combate al crimen organizado vinculado al tráfico de metales, un delito que genera millonarias pérdidas al sector productivo y energético del país.
