En una masiva reunión en Barraza Alto, parlamentarios, jefes policiales y vecinos exigieron penas más severas y un refuerzo en los patrullajes ante un delito que afecta servicios básicos y la salud de pacientes electrodependientes.
Diversas comunidades del secano costero de Ovalle se congregaron en la localidad de Barraza Alto para abordar la crisis de seguridad provocada por el robo de cables de cobre. La instancia, convocada por el senador Daniel Núñez y el diputado Bernardo Salinas, contó con la participación de altos mandos de la PDI y Carabineros, además de la consejera regional Tatiana Cortés y la concejala de Ovalle, Fanny Vega, quienes escucharon de primera fuente el drama de los vecinos que enfrentan cortes de energía de hasta tres días.
Impacto en la salud y la vida rural
El presidente de la junta de vecinos de Barraza Alto, Ramón Alucema, fue enfático en señalar que este delito va más allá de lo material. «Nos dejan sin comunicación; tenemos vecinos electrodependientes y otros que pierden su insulina tras horas sin refrigeración. Esto nos afecta profundamente», afirmó el dirigente.
Según datos de la compañía CGE, la Región de Coquimbo lidera las interrupciones de suministro por este ilícito, desplazándose el foco delictual desde La Higuera hacia las zonas rurales de la provincia de Limarí.
Compromisos policiales e investigativos
Ante la denuncia ciudadana, el general de la IV Zona de Carabineros, Cristian Brebi, se comprometió a reforzar los patrullajes en el sector, haciendo un llamado vital a la denuncia formal para focalizar los recursos.
Por su parte, el prefecto de la PDI de Elqui, Jaime Lazo, reveló que existe un trabajo robusto en curso. «En conjunto con el Ministerio Público creamos un grupo de foco investigativo en la BICRIM de Ovalle. Hemos analizado más de 2.500 causas de los últimos tres años y esperamos resultados en el corto o mediano plazo», explicó.
Hacia una persecución penal más estricta
Pese a los avances, existe preocupación por la «puerta giratoria». El senador Núñez recordó que, tras la operación «Oro Rojo», 13 detenidos recibieron condenas bajas y quedaron en libertad, por lo que instó a la Fiscalía a buscar penas ejemplares.
En la misma línea, el diputado Bernardo Salinas calificó el robo de cables como una «industria profesional» con logística de exportación a mercados como Bélgica e India. «Necesitamos una ley que sea tremendamente severa para desbaratar toda la red, desde el que roba hasta el que exporta el cobre robado», concluyó el parlamentario.
