La prioridad política del Gobierno es asegurar disciplina fiscal y crecimiento económico vía inversión privada, aunque a costa de una disminución de recaudación fiscal que no se compensará con el posible crecimiento económico, y quizás provoque una disminución de beneficios sociales.
En Chile, para el año tributario 2026, el Impuesto de Primera Categoría se mantiene en 27% para empresas en régimen general, mientras que las Pymes acogidas al régimen Pro-Pyme disfrutan de una rebaja transitoria a 12,5%, y las Pro-Pyme Transparentes tributan a 0%.
Esta rebaja fue establecida por la Ley N°21.755 de 2025 y se aplicará en los años comerciales 2025 al 2027, antes de subir nuevamente al 15% en 2028.
La rebaja de impuestos a las empresas del 27% al 23% reactiva la promesa de que bajar tributos impulsa el crecimiento. El Ejecutivo ha impulsado esta rebaja de impuestos para grandes compañías y también para Mipymes, con el argumento de estimular la inversión, el empleo y la competitividad. Estas medidas buscan dinamizar la economía en un escenario de bajo crecimiento. Esta teoría es muy seductora en periodos de bajo crecimiento, pero en la práctica depende como se diseñe, también cómo se encuentra el contexto económico, nacional, regional y mundial, y por supuesto depende de una buena disciplina fiscal. Sin duda, la idea se ve simple pues “bastaría” con disminuir la recaudación fiscal para aumentar el crecimiento, pero lamentablemente esto no funciona así, y la historia económica nos ha demostrado lo contrario.
Los economistas siempre recurren a la Curva de Laffer para explicar esta relación, pues nos ayuda a entender que los impuestos influyen directamente en los incentivos económicos. No obstante, la evidencia demuestra que el crecimiento no depende solo de una rebaja tributaria, sino de su diseño, de la confianza institucional y de su coherencia con una estrategia de desarrollo económico sostenible. Los casos en que se ha llevado a cabo no generaron mayor crecimiento económico, sino más bien aumentaron el déficit fiscal, por ejemplo: Ronald Reagan en Estados Unidos (2000), Margaret Thatcher en Inglaterra.
Desde la teoría económica, las rebajas tributarias a las empresas se justifican bajo la lógica de la oferta agregada: al reducir costos, se espera que las compañías inviertan más, generen empleo y aumenten la producción. Sin embargo, este efecto es incierto en economías con bajo dinamismo, pues las empresas pueden destinar esos recursos a dividendos o ahorro en lugar de inversión productiva.
En síntesis, estas medidas revelan que la prioridad política del Gobierno es asegurar disciplina fiscal y crecimiento económico vía inversión privada, aunque a costa de una disminución de recaudación fiscal que no se compensará con el posible crecimiento económico, y quizás provoque una disminución de beneficios sociales.
El argumento crítico es que el Gobierno está aplicando una política económica promercado y regresiva, que privilegia la estabilidad fiscal y la inversión empresarial, rebaja que no necesariamente será reinvertida en actividades productivas, pero a costa de profundizar la desigualdad, pues no hay certeza de generar crecimiento económico y más empleo.
Por Dr. Jonathan Hermosilla Cortés
Vicedecano Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones
Universidad Central sede Región de Coquimbo
