El Tribunal Constitucional en uso de sus facultades, declaró admisible el reclamo presentado por 31 diputados de oposición, contra la norma constituida en la glosa de gratuidad de la ley de presupuesto 2016, por considerarla inconstitucional, discriminatoria y arbitraria; basándose en el artículo 19 n°2 de nuestra Constitución entre otras normas legales.
La decisión del Tribunal Constitucional era predecible, incluso esta había sido advertida al Gobierno por sus partidarios y especialistas dada la jurisprudencia actual. Por tanto, seamos claros, este Gobierno es el único responsable de las demoras, inconvenientes e incertidumbres que provoca la presente situación en los estudiantes.
La propuesta de gratuidad para el año 2016 aprobada por el parlamento, consideraba como beneficiarios a todos los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población y que además estos optaran por asistir sólo a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, sin importarles la calidad de estos recintos; sino que solamente, el centro de estudio elegido por ellos estuviese dentro del Consejo de Rectores, por lo tanto, frente a dichas exigencias, se dejaba afuera de los beneficios a la gran mayoría de los estudiantes con igual o inferior condición socioeconómica, por el sólo hecho de no pertenecer u optar a dichas universidades. Además, esto también afectaría a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de concretarse puesto que correrían con la misma suerte de las entidades académicas no pertenecientes al Consejo de Rectores; esto a todas luces es una condición discriminatoria, arbitraria y caprichosa de este Gobierno, que de llevarse a cabo vulneraría el principio de igualdad ante la ley; demostrando una vez más su alto nivel de improvisación, mala gestión y falta de ideas en las políticas públicas del país.
Afortunadamente, tras reclamo presentado por los diputados de oposición y la admisión de esta por parte del Tribunal Constitucional, los grandes ganadores son los estudiantes más vulnerables de nuestro país, que una vez más estaban siendo discriminados arbitrariamente. Con esto se hace posible que más de 250 mil alumnos puedan obtener beneficios adicionales; es más, si se reasignaran los recursos destinados a la compra de la infraestructura de los colegios particulares subvencionados estimada en más de 400 millones de dólares, se lograría financiar a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable.
La resolución del Tribunal Constitucional, es relevante y constituye un precedente valioso para definir que el Estado no debe ni puede, discriminar la asignación de recursos públicos y que así, estos estudiantes vulnerables reciban igual trato en función de su condición económica, independiente de la institución en que estudien; de lo contrario, le estaríamos atentando su derecho a la libre elección.
Desgraciadamente, estamos frente a un Gobierno discriminatorio que sólo por razones ideológicas ampara a algunas instituciones en vez de buscar un proyecto de consenso que establezca estándares de calidad y sin discriminación de ningún tipo. Es por ello, que me parece inaceptable que el actual Gobierno, único responsable de la situación, producto de su incapacidad y errores, pretenda como siempre endosarle la responsabilidad a otros, más aún cuando este es uno de los proyectos estrella de Michelle Bachelet y que con todo el tiempo transcurrido no exista claridad de cómo se va a implementar lo que por razones lógicas, genera frustración e incertidumbre en la población.
Dra. Susana Verdugo Baraona
