Señor Director:
En crónica publicada el 29 de noviembre en el diario El Ovallino, la Municipalidad de Ovalle informa, a través de su asesor jurídico, don Sergio Galleguillos, que actualmente está en curso un sumario administrativo a causa de un presunto acoso sexual y laboral por parte de un funcionario de esa repartición pública, sumario que se ordenó instruir como respuesta a un primer informe interno solicitado por Contraloría Regional.
El señor Galleguillos complementa dicha información con algunos juicios legales y valóricos que me merecen algunas observaciones:
Señala el asesor que “las personas que pudieran denunciar acoso sexual deben acudir a los organismos que corresponde”, y agrega: “(…) lo que correspondería es acudir a la policía de Investigaciones o Carabineros para hacer la denuncia, o al Ministerio Público”. Y en el caso de situaciones de acoso laboral: que estos hechos pudieron haberse visto a través de la Inspección del Trabajo o mediante un juicio laboral.
Al respecto, quisiera aclarar lo siguiente:
1) La Ley N° 18.695 señala -artículo 63, letras c) y d)- que “al alcalde le corresponde velar por el principio de probidad administrativa y disponer las sanciones al personal de su dependencia”, lo que permite concluir que el legislador ha radicado en aquel, en su calidad de máxima autoridad de la entidad edilicia y titular de la potestad disciplinaria, ordenar el procedimiento disciplinario a fin de determinar la efectividad de los hechos denunciados y establecer si de ellos emanan eventuales responsabilidades funcionarias.
2) Según las Orientaciones para la Prevención del Acoso Laboral en los Servicios Públicos (Dirección Nacional del Servicio Civil, 2010), en cada organismo público debe haber un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, que incorpore medidas de prevención y protocolos para enfrentar los casos de abusos laborales y/o sexuales que pudieran producirse.
Al parecer, el abogado del municipio desconoce esta normativa. Por otra parte, ¿funciona ese reglamento Interno en el municipio ovallino?
3) En el caso del sumario en proceso, la denunciante de las situaciones de acoso sexual y laboral entregó oportunamente la información al señor alcalde (de ello fui testigo). Primeramente, en forma oral, esperando que las conductas de maltrato cesaran con un llamado de atención de la autoridad al funcionario involucrado; y meses más tarde, en forma escrita, al ver que continuaban aquellas con más recrudecimiento y viéndose afectada gravemente su salud física y emocional.4) Recientes investigaciones sobre este tema, han comprobado la relación que se establece entre acoso laboral y/o sexual y la depresión; pero también se ha investigado la que se establece, en algunos casos, entre acoso sexual y acoso laboral, sobre todo cuando el acosador, despechado por la negativa a ceder a sus requerimientos, siente ofendida su supuesta “hombría” y procede sistemáticamente a tomar represalias contra quien se atrevió a reprocharle su mala conducta. Lo grave en este caso, en consecuencia, no fue tanto el acoso de carácter sexual, porque fue bien manejada por la funcionaria; sí lo fue el maltrato laboral que siguió a aquel, pues llegó a hacerse insostenible.
5) El asesor jurídico señala, igualmente, “de la forma más contundente y clara posible”, que la municipalidad de Ovalle no encubre ninguna mala conducta ni está dispuesta a no transparentar cualquier conducta que no corresponda, y lo afirma sin esperar los resultados de un sumario que todavía está en proceso, en perjuicio de la debida prudencia y equidad en un asunto de tanta gravedad.
Finalmente: 6) Es importante señalar, además -para no dar cabida a falsas interpretaciones-, que la denuncia o denuncias que se han presentado al municipio no pretenden dañar su imagen institucional, de la cual nos sentimos honrados los ovallinos; solo van dirigidas contra el funcionario involucrado en conductas moralmente indeseables, que sí la afectarían si finalmente no se hace justicia.
FERNANDO A. ORTIZ CARVAJAL
