Nueva legislación implica máximas penas con cárcel efectiva para las bandas que roban cables de cobre y causan daños a las comunidades.
Con el objetivo de reducir el robo de cables de cobre en la Región de Coquimbo, el senador Daniel Núñez se reunió este lunes con el fiscal nacional Ángel Valencia, a quien solicitó que se aplique de inmediato la nueva ley que endurece las sanciones por este delito y que está vigente desde el 17 de septiembre.
El parlamentario acudió al encuentro tras más de dos años de trabajo para enfrentar este ilícito, a partir de denuncias realizadas por vecinos y vecinas —principalmente de La Higuera y de la zona rural de Ovalle— que han sido víctimas recurrentes de estos robos. Durante ese período, Núñez se reunió con la comunidad en asambleas y también con la PDI, planteando la necesidad de frenar esta práctica delictual.
En abril de este año, se logró un importante golpe con la “Operación Oro Rojo”, donde cayó una organización criminal dedicada al robo y exportación de cobre, liderada por el dirigente del Partido Republicano Francisco San Martín. Sin embargo, pese a ese avance, la región continúa siendo una de las más afectadas del país por este tipo de delitos.
Ante este escenario y la entrada en vigencia de la nueva normativa que endurece las penas, el legislador solicitó la reunión con el fiscal nacional, quien —según Núñez— se comprometió a aplicar la ley en la persecución penal.
“Lamentablemente, y a pesar de que se detuvo al grupo que era la banda de la operación Oro Rojo, que hacía robos de cables a gran escala, estoy muy preocupado porque de todas esas personas hoy día solo queda en prisión uno, que es el líder, pero los otros han salido libres”, indicó el senador.
Para Núñez, existe ahora “un punto a favor, porque hay una nueva ley de robo de cables de cobre que establece mayores penas. El fiscal nacional comprometió que iba a enviar un instructivo para que todos los fiscales, a partir de las personas que detengan cometiendo el delito de robo de cables, efectivamente les apliquen las normas mucho más duras que contempla esta nueva ley”.
El senador también recordó que la semana pasada sostuvo una reunión con la gerencia de la empresa eléctrica CGE, que le entregó información relevante sobre cómo este delito continúa afectando con fuerza a distintas comunas de la región.
Al respecto, el gerente zonal de CGE, Óscar Jerez, declaró tras la cita:
“Vamos en la misma línea, porque queremos abordar esto desde el punto de vista de las penas, de buscar responsables de esta pirámide que probablemente se forma. La idea es que nosotros, en el ámbito técnico, y las autoridades, en el ámbito legislativo, podamos hacer un aporte, y es lo que estamos logrando”.
