Una presentación formal realizada por el presidente de la Fundación «Defendamos la Ciudad», Patricio Herman Pacheco, ante el ente fiscalizador, acusa que el recinto operado por la empresa TEC Ovalle vulnera la normativa urbanística vigente al emplazarse en una zona que prohíbe el uso de suelo destinado a infraestructura de transporte.
Un nuevo flanco de controversia se abrió en torno a la infraestructura para la electromovilidad en regiones. A través de un oficio dirigido a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, el activista urbano Patricio Herman interpuso una denuncia formal por la construcción y funcionamiento del terminal de la empresa Transporte Eléctrico de Chile SpA (TEC Ovalle), emplazado en la comuna de Ovalle.
Según los antecedentes expuestos en el documento, el recinto alberga 41 buses eléctricos y opera de manera integral como terminal de transporte y centro de carga. Sin embargo, la controversia radica en que el proyecto está ubicado en la zona ZU3 del Plan Regulador Comunal (PRC) de Ovalle, área donde está expresamente prohibido el uso de suelo de infraestructura —categoría que corresponde legalmente a los terminales de locomoción colectiva—.
El cuestionado «ardid» normativo y la pugna con la OGUC
La denuncia detalla que, para sortear esta prohibición, se habría utilizado un subterfugio administrativo: como en dicha zona del PRC se permite el equipamiento de clase comercio, se habría catalogado la instalación únicamente como un «centro de carga» amparándose en la circular DDU 432 del MINVU.
No obstante, Herman recuerda que mediante el dictamen N° E121292 de 2021, la propia Contraloría estableció que los terminales de vehículos y centros de carga están sujetos de manera estricta a las reglas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en su Capítulo 13, sin que dicha condición se altere por la incorporación de tecnología eléctrica.
Para el denunciante, aunque se valora profundamente la introducción de buses eléctricos por su menor impacto ambiental en términos de ruidos y gases, utilizar esta categoría comercial para eludir las exigencias de los terminales tradicionales constituye un desacato a la jurisprudencia del órgano contralor. En esa línea, se solicita que si la autoridad desea flexibilizar las exigencias para este tipo de infraestructura limpia, el camino correcto sea modificar reglamentariamente la OGUC y no aplicar prácticas al margen de la normativa urbanística.
Licitación reservada de Desarrollo País
Otro de los puntos críticos que advierte la presentación apunta al proceso de materialización del proyecto. La construcción fue licitada bajo el código 007/2025 por la empresa estatal Fondo de Infraestructura S.A. («Desarrollo País») en agosto de 2025.
La denuncia cuestiona que el proceso exigió a los oferentes la suscripción de estrictos acuerdos de confidencialidad (NDA) y un pago por las bases, manteniendo detalles clave bajo reserva. Asimismo, se advierte que los permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Ovalle no han podido ser encontrados en los registros de Transparencia Activa del municipio.
Finalmente, el documento solicita a la Contraloría fiscalizar la legalidad de los permisos y el uso de suelo de este recinto emplazado en el Plan Urbano Habitacional (PUH) Liceo Agrícola, con el fin de esclarecer si se ha incurrido en una contravención a las normativas de urbanismo y construcción en la capital de la Provincia del Limarí.
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Por Equipo OvalleHOY

