Por unanimidad (10 votos a favor) la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y luego en particular el proyecto de ley que modifica la ley N°20.998 que regula los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), con la finalidad de flexibilizar sus requisitos y plazos de implementación (Boletín N°15.364-09).
Esto a través de la aprobación de un artículo único que modificó los artículos transitorios segundo, cuarto, séptimo, décimo cuarto, décimo noveno y vigésimo de la ley N°20.998 que regula los SSR. El informe que aterrizó en la Comisión provino luego de la aprobación del Senado.
Este ajuste legal se atiende por los efectos provocados por la pandemia -y su vigencia como ley el 20 de noviembre del 2020-, particularmente en las dificultades y la baja participación en la instalación del Consejo Consultivo y en la inscripción (ausencia) de los comités y cooperativas en el registro de operadores en las fechas fijadas y la insuficiencia de la aprobación de la ley N°21.401 que ya prorrogaba los plazos.
La diputada de la región de Coquimbo e integrante de la comisión, Nathalie Castillo, destacó que el gobierno haya escuchado las demandas de las APRS. La parlamentaria recalcó que esta solicitud fue gestión de la diputación junto a las comunidades en el mes de mayo y que resultó finalmente en que la modificación recayera en la Cámara Alta tras una solicitud directa al Ejecutivo.
“El gobierno y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) atendió la preocupación de las comunidades rurales, que veían con recelo esta ley, según pudimos reconocer tras reunirnos con dirigencias APRS de las provincias del Choapa, Limarí y Elqui. Con esta ley corta se da un respiro a las pequeñas y medianos Comités de Agua Potable Rurales y eso sin dudas es una muy buena noticia”, comentó.
Lo aprobado por las y los diputados presentes implica la extensión del plazo en dos años para que comités y cooperativas se inscriban en el Registro de Operadores, vale decir, del 20 de noviembre del 2022 al 20 de noviembre de 2024; y que los comités y cooperativas registradas tendrán preferencia en la inversión pública y subsidios.
La diputada ademàs agregó que “la aprobación contempla que la fijación de tarifas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios será a partir del 20 de noviembre de 2024, en un período de cinco años, junto con la dictación de un reglamento del MOP antes del 24 de noviembre del mismo año, donde se establecerá un mecanismo gradual y progresivo de aplicación de tarifas en un periodo intermedio de cinco años; se notificará por correo electrónico a los comités y cooperativas las actuaciones y resoluciones correspondientes para simplificar la comunicación atendiendo la realidad rural; y se capacitará y acompañará a comités y cooperativas para la implementación de la ley”, entre otros ajustes.
Asimismo, según informó la congresista, las comunidades campesinas están solicitando una ley de estas mismas características -prroroga- respecto al instrumento de catastro nacional de aguas, donde espera -indica- que el gobierno tenga la misma disposición de reajuste.
Al no contener ninguna de las normas del proyecto una incidencia presupuestaria -tal como se indica en el informe financiero de la iniciativa- tras la aprobación por parte de la Comisión, la moción no será remitida a la Comisión de Hacienda, sino que irá directamente a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación en general y en particular.
