Una medida judicial que ha levantado gran controversia, es el fallo absolutorio de 10 altos ejecutivos de empresas relacionadas con el área farmacológica, acusados por el Ministerio Público de haberse coludido para alzar fraudulentamente el valor de los medicamentos produciendo millonarias ganancias a farmacias y laboratorios, para quienes se solicitaban penas de prisión efectiva, ante lo cual el gobierno llamó a “apurar la tramitación del proyectos de ley que pena con cárcel la colusión”, tal como ocurre en las democracias modernas en que los derechos de la ciudadanía son custodiados con rigurosidad.
Ante lo anterior, es necesario explicar que la ley al ser aplicada se ajustó a derecho, ya que no obstante haber sido sancionadas con millonarias sumas las cadenas farmacéuticas a las que pertenecen los acusados que incluso reconocieron la colusión, el fallo absolutorio se debió a que la fiscalía, los acusó de infringir el Art. 285 del Código Penal, creado en 1875, que amerita la existencia de altos estándares en las pruebas, en especial ahora que los imputados tienen garantizada la “presunción de inocencia”, en tanto que las sanciones administrativas, cuyas millonarias multas fueron refrendadas por la Corte Suprema, emanaron del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La posibilidad de sancionar con cárcel a los responsables está contenida en un proyecto que busca regular el delito de colusión, presentado el año 2003 por el ex presidente Lagos, el cual pese a haberse autorizado la tramitación con el voto favorable de la totalidad de los parlamentarios y sin votos en contra, en 12 años de permanencia en el parlamento aún no se finiquita.
La dificultad para el accionar efectivo del Código Penal en este aspecto, hacen recordar la derogación de los artículos 1 y 2 del Decreto Ley 211 (DL 211), los cuales consideraban punibles las adulteraciones de precios con un estándar de prueba menos exigente que el ámbito penal, que fueron eliminados en 2003, en espera de la modificación del Código Penal lo que aún no acontece.
El problema de colusión para fijar los precios de los medicamentos, se viene investigando desde el año 2008 y atendiendo la gravedad del mismo, y que los afectados deben obligatoriamente acceder a estos insumos para preservar o recuperar su salud, resultando una gran parte de la población más vulnerable dañada, demuestra que la situación no ha sido observada con el interés que se merece tanto por el poder ejecutivo como por el poder legislativo, ya que el primero al presentar el proyecto para atacarlo y el segundo al acogerlo a tramitación, no han actuado con la celeridad demostrada en otros proyectos –al menos para la mayoría- como son los reajustes a beneficios parlamentarios, adecuación de los presupuestos que los rigen y reforma electoral aumentando el números de congresales en tiempo record.
Siendo el Mensaje del Ejecutivo, al disponer crear la actual Reforma Procesal Penal, centrado en que: “Dicho cambio consolidaba el modelo democrático, el que a su vez exige el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de legitimidad, en busca de consolidar un estado igualitario con una justicia moderna, accesible y garantizada, para que así operara a plenitud el Estado de Derecho, los resultados esperados no han acontecido y es más, se evidencia cada vez más recurrente reactivación de proyectos frente a situaciones que afectan a la ciudadanía en que el ejecutivo los confecciona, el poder legislativo se compromete a convertirlos en ley haciéndolos permanecer por años en “statu quo”, en calidad de proyectos, y el gobierno los reflota cada vez que el problema se reactiva.
Susana Verdugo Baraona*
*La autora es médico pediatra y fue Gobernadora de Limarí.
