La resolución del pasado jueves hace notar la ilegalidad de un acto que podría dejar sin este vital elemento a alrededor de 1. 200 habitantes de la localidad de El Trapiche.
La controversia entre los dirigentes del Comité de Agua Potable de El Trapiche y el empresario Carlos Abrilot Chacón por la propiedad del terreno en el que se encuentra el pozo de captación y la planta de elevación del agua es de larga data.
De acuerdo al Comité de APR el predio de una superficie de 3,04 hectáreas en donde se ubica el pozo de captación, se encuentra bajo la administración de la I. Municipalidad de Ovalle, por tratarse de un bien nacional de uso público, correspondiente al lecho de la Quebrada El Ingenio; este predio el día 12 de agosto del año 2014 fue entregado en comodato al Comité de Agua Potable Rural, a través de un contrato firmado con el municipio por un plazo de 99 años.
El problema se vio agudizado cuando el día jueves 19 de noviembre de 2015, trabajadores de una empresa contratista de Aguas del Valle contratada para realizar trabajos de reparación, mantención, y limpieza de redes; que son necesarios en el pozo de captación de agua potable del Comité de Agua Potable Rural El Trapiche, no pudieron ingresar al terreno en donde está ubicado el pozo de captación. Esto a causa del cerco que levantó el empresario Carlos Abrilot Chacón y la excavación de una zanja en la que depositaron escombros y piedras, haciendo imposible el paso.
El Comité de Agua Potable recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, haciendo notar que si alguna de las bombas de impulsión, las cañerías o la estructura del pozo falla, todo el pueblo quedaría sin agua potable con el consiguiente riesgo sanitario.
La Corte , después de revisar los antecedentes, resolvió a su favor disponiendo que los recurridos tienen un plazo de diez días para levantar el cerco y soterrar la zanja que impide el paso.
¿Es este el primer paso para poner fin a un preocupante conflicto?
