La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado en contra del municipio por vecina de la comuna de Lo Prado por la falta de fiscalización de ruidos molestos que generan máquinas instaladas en casa colindante a su domicilio.
En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal estableció el actuar de la recurrida al no solicitar la intervención de la Seremi de Salud, como establece en estos casos la ordenanza municipal.
«Que, de lo hasta acá razonado es posible concluir que la recurrida ha tomado conocimiento de la existencia de los ruidos molestos que afectan a la actora, incluso que ellos se desarrollan en horario nocturno, y hasta la fecha no ha acreditado haber procedido a solicitar la calificación de los ruidos a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana conforme lo indica su propia Ordenanza ya aludida. Por el contrario, ha adoptado una actitud pasiva frente a la urgencia de una pobladora con discapacidad de su comuna y de la madre de ésta, de avanzada edad», consigna el fallo.
La resolución agrega que: «en síntesis, la recurrida ha incurrido en una omisión que ha significado perjuicio a la integridad física y síquica de la recurrente y de la madre de ésta, lo que determina su ilegalidad, sin perjuicio que a la vez no se ha actuado en cumplimiento con lo previsto en la Ordenanza Municipal sobre la materia, dictada por la propia autoridad municipal».
Este caso recuerda el de la denuncia realizada recientemente por familias del sector Altos de Tuquí , en Ovalle, reclamando por la instalación de una gran carpa de circo a metros de sus viviendas, con la enorme contaminación que significó para ellos durante varios días. Personas que debieron confinarse en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas no obstante las altas temperaturas, con niños y adultos mayores que se veían privados de descansar durante varias horas del día.
Lo anterior se suma a otras denuncias realizadas en el pasado por residentes del sector céntrico, protestando por la existencia de locales de entretención que, sin las medidas de mitigación suficientes contra ruidos, funcionan hasta altas horas de la madrugada. Esto con reacciones muy tibias de parte de la autoridad, según se lamentan los afectados.
Esta resolución del máximo tribunal de justicia del país vendría a establecer un precedente judicial para que en lo sucesivo cualquier ciudadano del país, cuyos derechos a la tranquilidad se vean vulnerados por fuentes de alta contaminación acústica puedan resolverlo de manera eficaz a través de la justicia. Si la autoridades competentes, municipio, servicio de salud, policías, no intervienen de manera eficaz en primera instancia.
M.B.I.
