La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana deja a la Región de Coquimbo entre las 5 regiones que presentan bajas significativas. De acuerdo a esa encuesta el año 2017 un 23,4% de los hogares decían haber sido víctima de algún delito de connotación social, y en el año 2018 esa realidad bajó a un 18,9%.
La encuesta mide además la percepción de inseguridad, registrando una reducción en 5,5 puntos: del 82,4% de las personas que creía que la delincuencia aumentó en la región, hoy esa cifra bajó al 76,9%.
Estos resultados tienen a las autoridades políticas y policiales muy contentas, afirmando que eso es el resultado del trabajo coordinado realizado en estos últimos meses con Carabineros, la PDI, con la Fiscalía.
La pregunta sin embargo es si esto es el reflejo de la realidad y si reproduce el sentimiento de la comunidad que a diario observa, con desesperanza, el actuar de la delincuencia que afecta su propiedad y, lo que es peor, afecta su tranquilidad. Quien ha sido afectado por un delito tiene grandes dificultades para superar el trauma que eso significa para él y su familia.
En el ejercicio de nuestra profesión , tanto en las visitas a los tribunales de justicia, como con el contacto directo o indirecto con las víctimas, podemos captar la desesperanza de estas por la acción de la justicia: en su mayoría no se sienten acogidos por el sistema policial, y decepcionados por el sistema judicial.
“Vienen (las policías) toman datos, y se van, y a los días siguientes recibes un papel de la Fiscalía que anuncia que la causa ha sido cerrada por falta de información”, es el denominador común de los afectados por delitos en los que la investigación no tiene resultados positivos.
O, si los responsables son detenidos: “A los pocos días están en la calle y nosotros tenemos que encerrarnos detrás de las rejas”.
“Con razón ya las personas no hacen las denuncias. ¿Para qué?”, es la tercera lamentación.
Este último punto es el preocupante: ¡Que tan cierto es que las víctimas, desencantadas con el sistema ya no hace denuncias y prefiere asumir las pérdidas y aumentar las medidas de seguridad en sus propiedades?.
¿Qué tan grande es la cifra negra de los delitos que no son denunciados? ¿Es compatible con las cifras exhibidas por las encuestas?
El problema – y eso es lo que nos preocupa – es que al no haber denuncias, se produce un círculo vicioso, pues las autoridades policiales desconocen la magnitud del problema y no pueden orientar correctamente los recursos en los sectores más afectados. Esto es focalizándolos en sectores que pueden ser menos afectados por la delincuencia, dejando desprotegidos aquellos que son más vulnerables.
Entonces el llamado es que las personas que sea vean afectadas por un delito, no obstante la pérdida de tiempo que significa hacer la denuncia (¡Ay, lo hemos sufrido en carne propia!) y la falta de resultados de las investigaciones (si es que las hacen), es importante hacer la denuncia: porque si la cantidad de denuncias es baja, cuando llega el momento de distribuir los recursos – personal, vehículos, etc – a nivel de país, las autoridades central al revisar las estadísticas, dirán: ¿Para qué asignaremos estos recursos a Ovalle si sus índices de criminalidad son tan bajos? Y los reubicarán en otra ciudad cercana donde el problema aparentemente es mayor.
Y tendremos en nuestras calles menos policías, menos coches, incluso ya no construirán ese retén que tanta hace falta en esas poblaciones. ¿Para que si no hay suficientes denuncias?
Es de esperar que las estadísticas exhibidas con comprensible alegría por las autoridades no tengan esta consecuencia.
M.B.I.
