A través de presentaciones interpuestas ante la Seremi de Salud, la Contraloría Regional, el SERNAC y una denuncia penal ante el Ministerio Público —documentos a los que tuvo acceso OvalleHOY.cl—, el Comité Pro Cementerio acusa la vulneración de derechos de perpetuidad, cobros coercitivos y la demolición de pabellones sin permisos ni resoluciones sanitarias.
Una ofensiva legal, administrativa y penal multidimensional abrieron familias y deudos de la comuna de Punitaqui en contra de la administración del Cementerio Parroquial, recinto privado bajo la dependencia directa del Arzobispado de La Serena. La acción, articulada a través del Comité de Desarrollo Activo Pro Cementerio Punitaqui (D.A.P.), busca frenar lo que califican como un proceso sistemático de intervención irregular, cobros abusivos, demoliciones sin fiscalización y exhumaciones al margen de la normativa sanitaria vigente.
La controversia escaló formalmente a la Seremi de Salud de la Región de Coquimbo, la Contraloría General de la República, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Fiscalía Local de Ovalle, organismos ante los cuales se solicitaron investigaciones para determinar las responsabilidades sanitarias, administrativas, de protección al consumidor y penales.
Acciones ante Salud, Contraloría, SERNAC y la Fiscalía
En el requerimiento presentado ante la Autoridad Sanitaria, el comité acusa a la administración eclesiástica de ejecutar faenas de demolición de pabellones, reducción y traslado de restos mortales sin contar con las resoluciones sanitarias que exige el Código Sanitario y el Reglamento General de Cementerios, ni con el consentimiento expreso de los deudos. Según el escrito, la administración habría aprovechado los daños de los terremotos de 1997 y 2015 para demoler unidades antiguas y condicionar la reubicación de las osamentas al pago previo de aranceles arbitrarios.
De forma paralela, ante la Contraloría Regional de Coquimbo se interpuso una denuncia por omisión de fiscalización urbanística dirigida a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Punitaqui. El libelo señala que el municipio no ha supervisado, autorizado ni recepcionado las faenas edilicias y de demolición dentro del recinto, el cual, aunque es de dominio privado eclesiástico, es de uso público masivo.
En tanto, la presentación ante el SERNAC acusa la vulneración de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, al desconectarse unilateralmente los títulos de sepultura perpetua otorgados históricamente, traspasando a los usuarios los costos de reconstrucción de su infraestructura y aplicando métodos coercitivos de cobro bajo la amenaza de enviar los restos a la fosa común.
A este frente se suma la denuncia penal ingresada ante el Ministerio Público (Fiscalía Local de Ovalle), instancia que ya abrió una carpeta investigativa formal, la que busca esclarecer los presuntos delitos que podrían configurarse a la luz de las exhumaciones e intervenciones no autorizadas, con el fin de establecer las responsabilidades penales e imponer las sanciones correspondientes a los eventuales responsables.
El relato del presidente del Comité y la precisión histórica
El presidente del Comité Pro Cementerio, Osvaldo Saavedra González —nieto del comerciante Carlos Armando González Carvajal, quien en 1932 lideró y financió la construcción del recinto tras el colapso del antiguo cementerio por un terremoto—, detalló el trasfondo histórico y la naturaleza del conflicto.
“Este movimiento fue iniciado en 2024 por el vecino Elías Honores, quien fue testigo del drama de una deudora amenazada con el retiro de su familiar del camposanto por falta de dinero” – dice Saavedra – “luego se sumó Jaime Palma y yo, tras constatar en juntas de vecinos la magnitud del problema, formalizamos el comité en 2025 para visibilizar la crisis ante las autoridades”, dice el presidente.
Saavedra enfatiza que el Cementerio de Punitaqui — cuyos orígenes remotos se ubican a un costado del antiguo templo frente a la Plaza de Pueblo Viejo antes de trasladarse a su ubicación actual en el camino al Toro — siempre ha tenido una naturaleza jurídica de cementerio parroquial particular dependiente del Arzobispado de La Serena, por lo que resulta un error sostener que el municipio entregó o traspasó su administración en algún momento, ya que la comuna históricamente no ha contado con un cementerio de administración municipal.
«La historia de este cementerio, cuya capacidad es de 4.268 sepulturas, se fue reconstruyendo por antecedentes verbales de antiguos panteoneros, como don Nicolás Torrentino Araya, quien trabajó desde 1964 a 1985 y que se encuentra vivo hasta el día de hoy; y de don Aliro Rojas, penúltimo panteonero, además de documentos, registros, cartas y recibos por venta de nichos otorgados por un comité creador, ejecutor y administrador, que avalan la ‘PERPETUIDAD’ de todo el recinto», expone el dirigente punitaquino.
Respecto al dominio y la gestión eclesiástica, Saavedra precisa que «desde el año 2016, el Arzobispado de La Serena declara el cementerio de Punitaqui de su propiedad, pone reglamentos, cobra elevados precios por servicios y venta de nichos y exhuma cuerpos sin autorización de la Seremi de Salud».
El timonel del comité refuta además las justificaciones entregadas para las demoliciones tras el sismo de 2015. «El Arzobispado declaró que después del terremoto del año 2015 el cementerio se encontraba en un 80% en el suelo, no siendo esto verdad, lo registran videos periodísticos de esa oportunidad», afirma.
El dirigente advierte sobre el colapso del camposanto y los mecanismos de presión aplicados a las familias. «En la actualidad el cementerio se encuentra colapsado en su capacidad, para lo cual se exhuman cuerpos, amedrentando a los deudos con la aplicación de sus normas: quien no paga, los cuerpos serán trasladados a la fosa común. La alternativa de trasladarlos a nichos reducción construidos por el Arzobispado tiene un costo de $887.300 pesos. Una vez desocupado el nicho es vendido según su tarifado».
Sobre las gestiones con las autoridades locales, Saavedra señala que «en una primera reunión con el actual alcalde, se le mostró el caso del cementerio y adujo que este es un problema entre privados». Finalmente, el dirigente recalcó que las acciones iniciadas responden al clamor de cientos de familias de la comuna. «Lo que los vecinos piden es que no se exhumen más cuerpos y que el Cementerio pase a ser patrimonio de Punitaqui y con una administración diferente», remarcó el presidente.
El Comité Pro Cementerio se mantiene atento al avance de los sumarios administrativos en Salud y Contraloría, los procesos en el SERNAC y las diligencias instruidas por la Fiscalía Local de Ovalle en la carpeta penal ya abierta.
Por Angelo Lancellotti González
Periodista
