Una investigación de Diversity Development Consulting y el Colegio de Periodistas de Chile identifica agresiones, precariedad laboral y desconfianza en los mecanismos de denuncia, situaciones que comprometen el ejercicio periodístico y el derecho a la información.
La violencia institucional, el hostigamiento laboral, el acoso sexual y la precariedad son algunas de las problema ticas que afectan a quienes ejercen el periodismo en Chile, segu n el Primer Estudio Nacional de Evaluacio n de Violencia y Riesgos Psicosociales en el Periodismo Chileno, presentado el pasado jueves 15 de octubre.
La investigación fue desarrollada por Diversity Development Consulting junto al Colegio de Periodistas de Chile, bajo la dirección de Carla Rojas Neculhual, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y directora de la consultora. El estudio utilizo una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, que contempló una encuesta nacional a 258 periodistas y la participación de otras 41 en entrevistas y grupos focales a profesionales de diversas a reas del periodismo.
“Las experiencias de violencia institucional, las agresiones de agentes del Estado, el hostigamiento judicial y la ausencia de respuestas efectivas de protección pueden generar temor, afectar la autonomía profesional y favorecer la autocensura. Esto no solo compromete la seguridad y la salud laboral de quienes ejercen el periodismo, sino también la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad de la democracia”, señaló Carla Rojas.
Hostigamiento y violencia en los espacios laborales
Los resultados evidencian prácticas persistentes de hostigamiento en los entornos laborales: el 66% de las personas encuestadas reporto exclusión de reuniones o espacios de decisión, mientras que el 61% señaló obstáculos para acceder a información necesaria para realizar su trabajo. Asimismo, el 45% identificó experiencias de humillación o ridiculización y el 43% reportó ataques a su reputación.
Cerca del 60% declaro enfrentar asignaciones constantes de tareas o plazos imposibles de cumplir. El estudio también identifico situaciones de violencia de género y acoso sexual. Un 21% de las personas encuestadas declaró haber presenciado situaciones de acoso sexual, mientras que un 17% manifestó incomodidad ante miradas persistentes u obscenas y otro 17% ante contactos físicos no deseados. A estas situaciones se suman las agresiones provenientes de terceros: el 32% reportó agresiones verbales, el 28% humillaciones o ridiculizaciones y el 5% agresiones físicas.
La precariedad laboral, la dependencia jerárquica y el temor a represalias pueden dificultar la denuncia de estas experiencias. Desconfianza en las denuncias y precariedad laboral La respuesta institucional constituye otro foco de preocupación. Un 37% de las personas encuestadas manifestó desconfianza en que sus denuncias sean atendidas oportunamente, mientras que el 35% expreso dudas sobre la confidencialidad de los procedimientos. Adema s, el 35% señaló no haber recibido capacitación y el 24% dijo desconocer los mecanismos disponibles para denunciar. La investigación también advierte sobre condiciones de precariedad laboral, como inestabilidad contractual, bajos salarios, sobrecarga de trabajo y jornadas extensas, factores que pueden afectar el bienestar y la salud mental de las y los periodistas.
“Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas preventivos, garantizar protección frente a represalias y avanzar hacia procedimientos accesibles, oportunos y confiables”, sostiene el informe. Fortalecer la protección del periodismo La presentación reunió a Antonia Orellana, periodista y exministra de la Mujer y la Equidad de Género; Mónica Maureira, periodista y experta de Chile ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para (MESECVI); Jorge Avilés, periodista y director de investigación del Observatorio del Derecho a la Comunicación; y Rocío Alorda, presidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile.
La actividad conto también con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, escuelas de periodismo, organizaciones gremiales, redes de periodistas y comunicadoras feministas, organizaciones de periodistas migrantes y otras entidades vinculadas a las comunicaciones.
“Los resultados abren un debate sobre las responsabilidades del Estado, los medios de comunicación, las instituciones públicas, las universidades y las organizaciones profesionales frente a las distintas formas de violencia que afectan al periodismo. El desafío es avanzar más allá del cumplimiento formal de protocolos y garantizar una prevención efectiva, con mecanismos de denuncia confiables, condiciones laborales dignas, liderazgos responsables y medidas de protección frente a la violencia institucional, laboral y de género, pero sobre todo contra una cultura que naturaliza la violencia en el ejercicio del periodismo”, señaló Rocío Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
Proteger a quienes ejercen el periodismo es también defender la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y la democracia. El estudio constituye una línea de base para impulsar políticas públicas, fortalecer la prevención y promover transformaciones estructurales que permitan ejercer el periodismo en condiciones de seguridad, dignidad y respeto.
Por Equipo OvalleHOY.cl
