Como una manera de efectivizar los derechos de mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF) que asisten presencialmente a audiencias, el Comité de Género de la jurisdicción de La Serena, en conjunto con el Juzgado de Garantía de la ciudad, realizó una alianza con la Clínica Jurídica de la Universidad Católica del Norte, para entregar información personalizada a las usuarias respecto a lo que se resuelve en el tribunal.
De esta manera, el lunes 14 de noviembre se inició un plan piloto, que culmina en enero de 2023, en el que 12 estudiantes de la clínica jurídica acompañarán en las audiencias a las víctimas que así lo aprueben, para luego una vez culminadas, explicarles lo resuelto, cuáles son sus derechos y entregarles una cartilla con información relevante y redes de apoyo.
“La idea surgió durante una actividad del bus de la Justicia, en una conversación que se mantuvo con un magistrado, quien manifestó esa preocupación que despertaba el hecho que las personas que acudían al tribunal como víctimas de situaciones de violencia de género, particularmente delitos asociados a violencia intrafamiliar, muchas veces terminaba la audiencia, no tenían claridad de lo que había ocurrido en el transcurso de la misma y no había quien le pudiera explicar esa situación, toda vez que normalmente esa labor no era desarrollada ni por la Fiscalía, ni mucho menos por la Defensoría que estaba asistiendo naturalmente a la persona imputada”, cuenta al respecto el presidente de la Corte de Apelaciones y del comité de género, Sergio Troncoso Espinoza.
Para abordar de una manera positiva a las víctimas, los estudiantes fueron capacitados por consejeras técnicas del Juzgado de Familia de Coquimbo y el juez de Garantía de La Serena, Claudio Ayala Oyanadel, y funcionarios de atención de público del tribunal, los instruyeron respecto de la dinámica de las audiencias y funcionamiento del tribunal en los casos de VIF. Además, desde Sernameg de la región de Coquimbo, se obtuvo información relevante respecto de las redes a las que pueden acudir las víctimas.
“Siempre existen brechas de la comunicación, sobre todo en audiencias, que por la velocidad de la audiencia, por el lenguaje técnico que ocupamos los abogados en general, y también por la situación de estrés que puede tener una persona que está en una audiencia en un contexto que poco habitual para cualquiera, perjudica la comunicación efectiva y en términos que pueda razonablemente conocer lo que se resolvió y hacer efectivos sus derechos”, indicó el juez Ayala, quien recibió a los estudiantes en el primer día de ejecución del plan piloto.
“Ellos ya tienen una formación jurídica, por supuesto, pero siempre es bueno conocer elementos prácticos también, cómo se traduce eso en la práctica a una audiencia en este tribunal de Garantía y que también permite que sea debidamente conocido por fundamentalmente las personas que concurren y asegurarse que eso ocurra”, agregó.
Para los estudiantes, en tanto, es un desafío y una manera de poner en práctica lo aprendido, siempre asistidos por docentes de la casa de estudios y por funcionarios del Juzgado de Garantía.
“Lo que nosotros queremos es acercar la información que emite el juez, traducirla básicamente a la víctima y que ella lo pueda entender a cabalidad, que pueda saber lo que realmente sucede en la audiencia”, manifestó la alumna Mónica Escobar Correa, quien fue la primera en asistir a una usuaria.
Respecto a las preguntas que ella me hizo, me di cuenta de que en realidad el plan sí funciona, que tiene una utilidad y que en realidad sirve para la población”, concluyó.
Como Corte de Apelaciones de La Serena, esta es la segunda alianza que se realizan con clínicas jurídicas de la región de Coquimbo, en agosto pasado el tribunal de alzada firmó un convenio con tres casas de estudios, que a partir de esa fecha prestan apoyo con en los juzgado de familia de La Serena y Coquimbo con el fin de disminuir la carencia de curadores ad litem, el cual es el abogado/a designado el juez que debe velar por el interés superior del niños, niñas y adolescentes así como por las garantías procesales de las cuales es sujeto de protección.
