La bandera de lucha de actores de la Nueva Mayoría, que ayer marchaban para consolidar, “un sistema educacional gratuito y de calidad” y hoy integran el parlamento, promesa que forma parte del programa de la actual presidenta, que partidarios de la ideología comunista aplaudían con entusiasmo, porque su partido a través de la Universidad Arcis que controla, se convertiría en el ícono de la derrota de la desigualdad educacional, lo que marcaría un ejemplo de victoria popular, se destroza por completo y con ello la confianza conseguida con engaños, ya que:
La presidenta señaló, que para lograr este objetivo era imprescindible aprobar una reforma tributaria –lo que se hizo-, que generara los ingresos requeridos para ello, y quienes la apoyaban, instalaron la idea de “pasar la aplanadora” sobre el proyecto relacionado con la materia que mantenía el gobierno anterior, e “instalar una reforma educacional” que marcara un hito histórico en el tema, no permitiendo el lucro en la educación, así que la educación debía ser del todo gratuita, por lo que ya se están quejando que los recursos no alcanzarían.
En cuanto a su plantel superior modelo, es necesario reconocer que el año 2003, la Universidad Arcis, tenía una matrícula de más de 5.000 alumnos, que empezaron a decrecer, contando el año pasado -1er año de gobierno de Bachelet- con 3.357 alumnos de pregrado y postgrado (datos entregados por el ministerio de Educación), y hoy tan sólo con 701 estudiantes. De estos, sólo 18 correspondientes a alumnos nuevos, quienes deberán enfrentar mayores dificultades, ya que por la insolvencia económica y mala gestión, no pueden recibir becas con Aval del Estado.
La historia de esta Universidad, señala que el año 1996, el partido comunista, creó la ONG ICAL y, el año 2003, constituyó la sociedad comercial Ediciones ICAL Ltda., siendo socios iniciales el actual diputado comunista Daniel Núñez y el miembro de la Comisión Política del PC, Oscar Azócar. Escrituras contenidas en los Archivos Judiciales, indican que través de Ediciones ICAL Ltda., el PC entró a la propiedad de la ARCIS y los mismos documentos acreditan que Max Marambio ingresó al negocio mediante dos de sus sociedades, una de ellas Nazareno S.A. .
En Enero de 2007 el directorio de la ONG ICAL, aprobó abrir una cuenta corriente en dólares en el Banco BCI., y lo mismo hizo el directorio de Nazareno S.A. un año después. Ambas sociedades establecieron en sesiones de directorios que las dos cuentas serían gestionadas en conjunto por Max Marambio y Daniel Núñez para manejar fondos provenientes del extranjero. Fue así como el año 2008, los citados personajes en dichas cuentas recibieron fondos autorizados personalmente por Hugo Chávez, desde Venezuela por US$ 9.060.000 (unos $ 4.395 millones de pesos.) como parte de “un convenio de asistencia económica no reembolsable”.
Como el plantel presentó dificultades económicas, que originaron problemas para cancelar sueldos, además de una reducción drástica de docentes y personal, se creó una Comisión de la Cámara de Diputados que investigó las irregularidades, la que concluyó que no había lucro, pero no logró establecer el destino de los dineros recibidos desde el extranjero, quedando probado que las Comisiones de este tipo que se crean en el parlamento, finalmente no logran su objetivo, y la transparencia y probidad es derrotada por los intereses políticos.
Lo que más asombra, es la falta de prolijidad que demuestra la presidenta, al entregar confianza en quienes deben cumplir con su programa, ya que recientemente nombró como ministro de Desarrollo Social a Marcos Barraza, militante del (PC), ya que siendo parte del discurso gubernamental el “mejorar la calidad de la educación y avanzar a la gratuidad”, no se considera que este en calidad de presidente de la inmobiliaria Libertad, era quien tercerizaba los recursos a otros organismos, todos del partido comunista, situación que la oposición ha denunciado en la Fiscalía, entregando numerosos antecedentes, ya que nunca ha dado explicaciones sobre el real destino de los dineros y se negó a concurrir a la Comisión investigadora del parlamento, al igual que los directores de dicha Universidad.
Dra. Susana Verdugo Baraona.-
