Cuando connotados políticos y autoridades, se referían al acontecer nacional utilizando frases como ¡Hay que permitir que las instituciones funcionen!, ¡Debemos investigar caiga quien caiga!, ¡Pasaremos la retroexcavadora ya que construimos sobre lo que nosotros queremos y no sobre lo heredado!, ¡En educación le quitaremos los patines a los estudiantes más aventajados para que puedan ser alcanzados por aquellos a quienes la mediocridad educativa dependiente del Estado los mantiene en desventaja!, y mostraban a la presidenta como quien lideraría el cambio en la trayectoria a la igualdad, para lo cual se instituiría un modelo de conducta basado en normas de probidad y transparencia ideadas por la ”Comisión Engel”, creada a raíz de ser detectado el uso irregular del financiamiento de campañas políticas, que tenían a varios parlamentarios investigados por la justicia, la mayoría de los ciudadanos “no creyó en la efectividad” de las medidas propuestas, lo que se demuestra en el alto grado de rechazo –cada vez mayor- que presentan la presidenta, autoridades y parlamentarios.
Es natural que el descontento se instalara, cuando se observó que las promesas de campaña no se cumplían; la delincuencia, se incrementa con actores participando en delitos cada vez más violentos, cuyas víctimas observan con estupor que solo en siete de cada cien delitos denunciados, los autores reciben sanciones y el resto continúa reincidiendo, ya que los Fiscales no aportan antecedentes suficientes para privarlos de libertad, las entidades fiscalizadoras no funcionan, como ocurre con el SII., que no presenta querellas sino al verse obligado a hacerlo cuando la prensa con insistencia denuncia la existencia de nuevos delitos tributarios en que se ven involucrados gran parte de parlamentarios, como es el caso de nueva denuncia contra SQM, que en su afán de tardía justificación rectifica nuevos pagos por facturas ideológicamente falsas por $US 1,6 millones, alcanzando con ello lo defraudado $US 15 millones, a raíz de lo cual con toda seguridad aparecerán nuevos parlamentarios y autoridades de gobierno, ya que en este caso nuevamente se menciona como participante a la empresa de Giorgo Martellí, recaudadora de fondos para la Nueva Mayoría y presuntamente en la campaña de Bachelet.
Una mala señal de transparencia, constituye el hecho que un fiscal del Ministerio Público, declare en calidad de imputado en su misma institución, por las presuntas filtraciones en el caso SQM, más aún cuando antes de ocupar su actual cargo, prestó servicios por largos años a dicha empresa; que el ex director del SII Michell Joratt, denuncie que desde el gobierno existieron presiones para que no presentara querellas por casos que involucraban a dicha minera antes de pedirle la renuncia,, como también lo es que una hija del senador Quintana (PPD) y la alcaldesa de Vilcún, apareciera como Alumna Prioritaria, calidad que se les da a las alumnas de familia vulnerables en la ficha de Protección Social y que el diputado Tellier (PC), con el sueldo que tiene, aparezca como integrante del 40% con menores ingresos en dicha ficha , la que según el fue otorgada sin consultarle, pero según el alcalde de Macul, fue solicitad por su pareja, lo que indica que en nuestro país la instituciones o no funcionan, o lo hacen deficientemente.
Pero si lo anterior es grave, más grave aún, es que autodenominándose “defensores de los derechos humanos” y del pueblo las autoridades de la Nueva Mayoría y de la justicia, exista un estado de terror en la Región del Bío Bío, donde han habido muertes, incluso de policías y un matrimonio de ancianos calcinados, daños de maquinarias, cosechas e incendios de predios, destacándose que el gremio de los camioneros ha sufrido en estos últimos años el incendio de 132 camiones, sin que exista un solo detenido por ello, sin que se vislumbre una real intención de terminar con ello, ya que quienes cometen estos deleznables hechos, amparan su actuación en que ellos derivan de atropellos causados por connacionales que infringen sus derechos ancestrales.
Definitivamente, el errático accionar gubernamental, la desprolijidad administrativa, la soberbia política y por sobre todo la corrupción cada vez más desvergonzada, van a terminar por destruir la institucionalidad, algo que no se repara con discursos mendaces, sino que con acciones enmarcadas en una justicia real y efectiva.
Dra. Susana Verdugo Baraona
