El caso de la fotógrafa trabajadora de MEGA genera un efecto de clara amenaza para todas las mujeres que se atrevan a levantar la voz o presentar pruebas contra los abusos del Estado.
Un 25 de noviembre de 1960, las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirábal regresaban de visitar en la cárcel a sus esposos, presos políticos de la dictadura de Trujillo, en República Dominicana. Los tres matrimonios formaban parte de la resistencia política a la dictadura aun considerada como una de las más sangrientas de América Latina, caracterizada por un férreo anticomunismo.
Los tres matrimonios habían sido previamente detenidos y sometidos a vejaciones y torturas. Pero fue aquella tarde en que la policía secreta, algo así como un servicio o una central nacional de inteligencia, las secuestró y las asesinó a garrotazos y estrangulamientos, arrojando sus cadáveres al fondo de un precipicio, tal como en nuestro país se solía arrojar cadáveres al mar.
Por esta razón la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró hace 20 años, el día 25 de noviembre como el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, dejando en claro que una de las formas más repudiables que esta puede tener, es la que emana de estado.
En nuestro país tenemos a nuestro haber unas cuántas Mirábal entre mujeres obligadas a desnudarse, golpeadas en el suelo (como muestran decenas de videos en las redes sociales), violadas sin mayores consecuencias para su agresor (caso La Serena), mutiladas con ojos perdidos.
De las acciones judiciales que ha llevado a cabo el INDH en lo que respecta a protección de las mujeres, 109 se encuentran relacionadas con tortura y violencia sexual. Eso no significa que no haya muertes que investigar antes de descartar del todo la mano del estado, como el caso de la mimo Daniela Carrasco, vista por última vez siendo arrestada y luego colgando de una reja.
El caso más despreciable: la fotógrafa trabajadora de MEGA, que guardaba registros gráficos de muchas manifestaciones y que fuera asesinada en su departamento (en este momento investigada por los misma institución cuestionada) genera un efecto de clara amenaza para todas las mujeres que se atrevan a levantar la voz o presentar pruebas contra los abusos del estado.
Por eso es que las promesas de SERNAMEG en este momento de acoger a las víctimas suenan como a las promesas de tu madre de “ven. No te voy a pegar”.
Una ciudadana
