Quienes tengan una mínima capacidad de observar la forma en que se constituyó la Convención Constitucional, se podrá dar cuenta y afirmar sin lugar a dudas que esto obedece al espectro neomarxista, pues los mismos que reclaman y acusan posibles conflictos de intereses, representan una ideología que no representa a la mayoría de los chilenos e intenta promover e imponer la influencias de gobiernos totalitarios como el de Nicolás Maduro o el de los Castros, por nombrar algunos.
Además, luego de ver y escuchar las faltas de respetos y el griterío al momento de instalarse la Constituyente, no queda más que pedirle a Dios y a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, que haga primar la cordura y templanza y que le de las fuerzas a la ciudadanía para soportar tanta ignominia. Porque luego de la declaración preparada por el bloque de apruebo dignidad en la que afirmaran que la Convención Constitucional “es autónoma” y que de “hoy en adelante las y los constituyentes somos quienes debemos decidir”, es mejor que nos “pillen confesados”.
De estas palabras podemos deducir que simplemente los elegidos (no todos), no tienen idea cuáles son sus funciones y limitaciones, pues ellos no deciden absolutamente nada, su rol está radicado en redactar una propuesta que luego deberá ser sometida a un plebiscito aprobándola o rechazándola; pero mientras seguirá vigente y rigiendo la Constitución firmada por el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar.
La postura que han manifestado estos constituyentes no solo es antidemocrática, sino que es una muestra más de su intento por imponer sus ideas, reglas y posturas extremistas y totalitarias. Es cuestión de ver como de manera absolutamente arbitraria la presidenta de la Convención indicara en una de las sesiones que lo único que se trataría sería una “eventual declaración de la Convención Constitucional acerca de las personas privadas de libertad con ocasión de la revuelta social y de la judicialización del conflicto político y social que mantiene el Estado con la nación mapuche”, lo que además de insólito no solo por el tono, el modo y la forma en que fuera planteada y la evidente “toma de partido” por una postura en disputa, no es algo que les corresponda, ellos deben deliberar y adoptar acuerdos sobre temas que versan sobre el órgano constituyente y no sobre la liberación o no de individuos, ya que además no tienen las atribuciones ni competencias para aquello.
Y junto con la declaración anterior, tenemos aquella en la que dice que “la Convención viene a profundizar la democracia y que las reglas que le han sido impuestas serían una piedra de tope para este fin”, o sea que en otras palabras quiere decir “cambiemos las reglas del juego”, se les dio un marco normativo, pero una vez electos se olvidan de lo acordado previamente y hacen lo que quieren, lo que me recuerda al famoso “dique de papel” de nuestra historia.
Nos encontramos frente de actitudes antidemocráticas y subversivas, pues no solo desprecian y arremeten contra sus propias condiciones y se desvían de la “misión” que les encomendara la ciudadanía, sino que nos encontramos frente a un grupo que constantemente intenta quebrantar las reglas establecidas, destruir y alterar el orden social y la estabilidad política y que al parecer es la nueva “casta” intocable en Chile, un nuevo grupo “privilegiado” que se siente con el derecho de declararse fuera de la legalidad sin ningún tipo de consecuencia e incluso, dándose el lujo de quebrantar las reglas establecidas sin recibir sanción legal alguna, como lo que ocurriera con la votación para aumentar el número de miembros de la mesa, pues esta decisión fue tomada a mano alzada, validándose solo con la mayoría de los miembros y no como se estableció que se necesita para ser aprobada de dos tercios.
Esperemos que los Constituyentes se avoquen para lo que fueron electos y dejen en paz las materias que están fuera de su competencia e igualmente dejen sus intentos por desconocer las reglas que rigen la convención como la aprobación por dos tercios, pues de lo contrario, el no respetar las reglas, los transformará automáticamente en convencionales ilegítimos al faltar a los acuerdos, afectando con ello el éxito del proceso, que debe estar determinado por su transparencia, enfoque y coherencia, la que últimamente falta bastante.
Susana Verdugo Baraona.
