En la última sesión del Concejo Municipal se expuso la situación de cuatro documentos girados en 2017 a la empresa Adviser, a los que se dio orden de no pago y que generó una deuda actualizada de 297 millones. “Los documentos estarían extraviados”, se denunció.
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña Rojas, con el apoyo del Honorable Concejo Municipal, presentará el libelo contra quienes resulten responsables y perseguirá las posibles responsabilidades administrativas por el extravío de cuatro documentos girados por un total de más de 132 millones de pesos para pagar los servicios contratados en 2017 a la empresa Adviser, documentos a los que se dio orden de no pago y que generó una deuda actualizada de 297 millones de pesos.
La dirección jurídica de la casa consistorial expuso ante el Concejo Comunal que “la situación que encontramos en este en este caso de la empresa Adviser, principalmente consiste en que se detectaron cuatro cheques que fueron emitidos por la Municipalidad en los primeros días de enero de 2017 y que corresponden a las facturas 21, 22, 23 y 24, que la empresa emitió, las que fueron debidamente recepcionadas y no fueron objetadas por la municipalidad, por lo tanto como los servicios fueron debidamente recepcionados, se ordenó girar los cuatro cheques para pagar estas cuatro facturas”.
Agregaron que “se emitió el decreto de pago, ese decreto pasó al Departamento de Educación y correspondía que se le pagara a la empresa”. Sin embargo, a través de un memorándum interno de respuesta a la Dirección Jurídica, que solicitó los antecedentes, “se informa que estos decretos de pago debieron haber estado debidamente archivados pero que, sin embargo, esos decretos de pago no existen. Están perdidos. Tenemos fotografías de que están todos los números de los decretos de pago correlativos y los únicos números que faltan son, extrañamente, los cuatro decretos de pago de los cuatro cheques que se giraron a esa empresa”.
En dicho documento interno se señala que “como la empresa Adviser no recibió esos cheques y no se le pagaron, esos decretos de pago que venía adjunto al cheque debió haber sido devuelto al Departamento de Educación para la custodia. Sin embargo, señalan que estos cheques habían quedado en el área municipal, específicamente en la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Ovalle y ahí, se les perdió el rastro”.
“Una vez que nosotros como Unidad Jurídica empezamos a investigar este caso, nos dimos cuenta que era muy grave esa situación, puesto que se ordenó pagar y no se pagó y una vez que se ordena el pago y no se ejecuta, el hecho de no pagar la deuda, genera un grave perjuicio municipal, porque esa deuda comenzó a crecer y de 132 millones de peso y fracción hoy día son 297 millones de pesos. Es decir, en su oportunidad, si estuvo el interés de pagar, pero luego se emitió claramente una orden de alguien que dijo “no paguen”. Aun cuando se había decretado el pago y se habían confeccionado los decretos de pago”, se puntualizó en la sesión.
La Unidad Jurídica del municipio agrega que “desde esa perspectiva, huele todo muy raro, por lo tanto vamos a presentar, con el apoyo del Concejo Municipal, una querella por un posible Delito de Fraude al Fisco y por cualquier otro delito que la Fiscalía estime conveniente y, además, en contra todos quiénes resulten responsables”.
Así mismo aseguraron que “además, vamos a perseguir la responsabilidad administrativa, puesto que es posible con la presentación de la querella, porque si bien es cierto, acá se prestó el servicio por parte de la empresa, al parecer, lo que sí es cierto, es que se ordenó el pago y luego alguien se desdijo de pagar. Y el hecho de no cumplir con el deber generó un perjuicio económico grave a la municipalidad que es lo que estamos enfrentando hoy”.
Motivado por esta situación, el municipio prefirió retractarse de “un acuerdo al que habíamos llegado con la empresa para poder bajar esta deuda de los 297 millones de pesos a 260, pero preferimos retractarnos como municipio de este acuerdo, porque todo esto nos huele raro y no queremos ser parte de este tipo de maquinaciones”.
Finalmente, agrega que la empresa “tiene embargados, los fondos de Tesorería General de la República y son los fondos que corresponden a los impuestos del Casino. Nos tienen retenidos 32 millones y fracción mes a mes, para poder ir pagando la deuda y la decisión de no pagar y abstenerse hasta que todo esto se aclare. Porque claramente esto obedece a una falta de transparencia notable de la administración anterior”, remarcan .
En la sesión del Concejo Municipal, los miembros del cuerpo colegiado apoyaron la decisión de presentar una querella para dilucidar el destino de esos documentos y la persecución de los posibles delitos que se configuren.
