Si hablamos de aborto, debemos tener claro que en Chile lo único que hemos logrado a la fecha es su despenalización en 3 casos concretos de acuerdo a la Ley 21.030: 1. Peligro para la Vida.- 2.- Inviolabilidad fetal; 3.- Violación hasta las 14 semanas en niñas menores de 14 y hasta 12 semanas en caso de ser mayor de 14 años.
Por lo tanto, cuando hablamos sobre esta materia, no debemos olvidarnos que el aborto está sancionado penalmente, salvo cuando se encuentra justificado según las razones descritas. Esta historia, sobre la tipificación del delito de aborto que castiga tanto a la mujer como al médico que lo practica es del año 1874, estableciéndose excepciones a su práctica en el Código Sanitario en el año 1931, como el peligro de la vida de la madre en razón del embarazo, volviendo a la clandestinidad en tiempos de dictadura, específicamente en el año 1989.
Sin el ánimo de tratar el tema desde un punto de vista meramente jurídico, debemos entender que las razones que motivan a algunas mujeres -como yo- a luchar por este derecho tiene diversas fundamentaciones y todas parten de un pilar básico para la democracia que, desde el derecho pareciese superado, pero que la clase política de cierto sector olvida con cierta conveniencia y es que las políticas públicas, las reglas que nos damos como país deben tener por objetivo alcanzar los máximos niveles de bienestar más allá de las creencias personales y subjetivas.
El proyecto de Ley que deroga el Aborto en Chile presentado por dos Diputados del Partido Republicano, es una manifestación de una manera de legislar sin atender los criterios de realidad ni de la necesidad de la ciudadanía -en este caso de mujeres y niñas- especialmente de aquellas que menos tienen, haciendo mal uso de los tratados internacionales mediante una falacia argumentativa digna de quien no sabe que la protección de la vida y la integridad física y psíquica garantizada en la Constitución vigente es un derecho fundamental que se consagra para proteger a la persona humana y que, la persona es tal, según nuestro Código Civil, desde que nace. Por lo mismo, tanto nuestro ordenamiento jurídico como el internacional, es cauto en la protección de la vida del que está por nacer y en el aborto como concepto, lo es aún más, ya que como es sabido, las semanas de gestación son importantes al tiempo de conocer las posibilidades de sobrevida de un feto, es decir, una vez separado del cuerpo que lo guarnece, por lo tanto el aborto y el homicidio nunca han de ser considerados ni serán el mismo delito.
Pero nos desviamos del tema, porque más allá de que estemos de acuerdo o no con el aborto libre, lo que busca este dúo de parlamentarios no es derogar el derecho de aborto -aunque así se llame el proyecto de ley- porque en nuestro país tal derecho no existe, sino que pretende castigar a quienes lo practican con cárcel, es decir, pretenden recluir a mujeres que se encuentran en estado de gravidez por una violación, con un embarazo inviable (incompatible con la vida) o que se encuentran en peligro de morir a causa del mismo estableciendo una doble sanción: la ética o moral que siempre se encuentra presente en nuestra sociedad y además punitiva, a través del restablecimiento del tipo penal, porque para ellos, pareciese ser más importante dicha criminalización y relativización, adolescente o niña ultrajada, la de esa mujer que puede morir a causa de llevar a término su embarazo, la de esa mujer que deberá pujar y parir forzosamente a quien no tiene las posibilidades de sobrevivir.
Es tal la indolencia por la vida y derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que prefieren que ellas, víctimas de situaciones tan terribles como las mencionadas, deban además de sufrir las consecuencias de ese dolor emocional y físico (que para ellos no merece reparación) con una condena que haga aún más imposible el recuperar sus vidas, negándoles el derecho a decidir, escondiendo al aborto nuevamente bajo la alfombra y dejándolo otra vez al arbitrio de quien tiene el dinero para pagar el riesgo que significa realizarlo.
Por lo mismo y tal como dijo la Ministra de la Mujer Antonia Orellana, no estamos dispuestas a retroceder, porque la salud pública y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes es más importante que cualquier prejuicio o experiencia de vida que se tenga sobre la violación, porque sí, como dijo el diputado, no podemos “desviolar” a una mujer, pero podemos brindarle la posibilidad de elegir una maternidad impuesta por la fuerza por causa de una vulneración a su libertad sexual y reproductiva.
Por Carolina Tello
Abogada y Diputada de la República por la Región de Coquimbo
