Este 1 de junio será recordado por ser el día en que por primera vez en democracia, un Presidente de la República interpone una querella criminal por el delito de injurias graves con publicidad, en contra de un medio de comunicación y solicita 3 años de cárcel para el director del medio y 3 periodistas por la publicación de una transcripción de una interceptación telefónica efectuada por el OS-9, a un operador vinculado a los negocios del caso Caval.

La referida querella criminal, ha suscitado las críticas de las más diversas organizaciones nacionales e internacionales por el riesgo serio en que se estaría viendo afectada la libertad de expresión; de hecho el ex presidente del Consejo para la Transparencia y abogado litigante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señala que esta acción «no sólo es un riesgo serio a la libertad de expresión; sino que además, es indivisible el rango de Presidenta con el de ciudadana; por lo tanto, las autoridades debiesen tener una mayor tolerancia frente a las críticas políticas».

Por otra parte, un representante de la Sociedad Interamericana de la Prensa, calificó la querella como «un abuso de poder y que sin duda ésta, tiene la intención de amedrentar por cuanto se busca a través de ella, el encarcelamiento de los periodistas», resaltando esta misma institución, que «existen otros métodos en lugar de promover demandas penales».

Frente a ésta controversia quisiera puntualizar ciertas situaciones:

1. Debemos ser consientes de que los medios de comunicación, son parte esencial del sistema democrático y son un instrumento valiosísimo para la libertad de expresión. Es por ello que el Sistema Interamericano De Protección De Los Derechos Humanos, ha sido enfático en la importancia de la prensa como mecanismo de crítica política y control social. Si bien es cierto, en el ejercicio de esta libertad se pueden cometer abusos, estos deben ser resueltos a partir de la ponderación de los derechos en conflicto, caso a caso. De hecho nuestros tribunales de manera consistente han sostenido que en el caso de publicaciones relacionadas con autoridades, debiese primar en mayor medida la libertad de expresión por sobre otros derechos, al existir un interés público sobresaliente respecto al mayor escrutinio al cual deben estar sometidos por parte de la comunidad nuestras autoridades al considerar tanto la naturaleza e importancia del cargo o actividad que detenta.

2. La querella que entabló Michelle Bachelet en su calidad de «ciudadana y persona natural» y no como Presidenta de la República, resulta además de inviable, puesto que no puede sostenerse la disociación entre la calidad de ciudadana y Jefa de Estado, es un tanto irrisoria, pues no sólo ofrece como testigos al Ministro vocero de Gobierno, a su jefa de gabinete y el más insólito de todos, un asesor de Cancillería, que dice públicamente «es raro aparecer como testigo de un caso del que no sé absolutamente nada», sino que también fija como domicilio el Palacio de La Moneda y en dicha querella, su abogado, al introducir la figura de «injurias», indica que la publicación del artículo fue con la intención de «deshonrar, desacreditar y menospreciar la honra» de Bachelet y que «en virtud del cargo que actualmente detenta su representada, racionalmente hace que merezca la calificación de injurias graves»; por lo tanto, frente a estos hechos ¿quién puede creer que lo haga como ciudadana común y corriente?.

3. El condicionar el retiro de esta acción judicial, al reconocimiento de un error por parte del medio de comunicación, no hace más que elevar el interés por dicho artículo, que quizás de otra manera hubiera pasado de una forma intrascendente si se hubiese manejado de forma adecuada.

Por todo lo señalado anteriormente, la referida querella, no sólo constituye una torpeza política contraproducente a los intereses de la mandataria, sino que además afecta indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en nuestra Carta Magna y que constituyen pilares fundamentales en cualquier auténtica democracia.

Por Susana Verdugo Baraona