Definitivamente cada día se puede apreciar como existe un claro divorcio entre las prioridades e intereses del actual Gobierno v/s las reales y urgentes necesidades de la población; con esto no sólo me refiero a las malas reformas impulsadas por la mandataria, sino también al funcionamiento global de las autoridades.

Mientras aún se sienten los ecos de la comisión Engel, donde abundaron las declaraciones de probidad y transparencia de las actuales autoridades sobre el uso de los recursos fiscales y el rol que deben cumplir los diferentes funcionarios del Estado, esto pareciera quedarse sólo en palabras más que en ser llevado a la práctica; puesto que durante los primeros días de enero, parlamentarios de la oposición, presentaron un requerimiento a la Contraloría para que se investigara un presunto intervencionismo electoral del Gobierno. Esta solicitud que presentó la oposición se fundamentaría en la existencia de antecedentes de que el actual Gobierno hace meses creó un equipo de trabajo liderado por Víctor Maldonado, (ex secretario nacional de la DC) bajo la conducción del subsecretario del interior Mahmud Aleuy, para realizar un análisis electoral en todo el país, con miras a las elecciones Municipales 2016. Hecho que no sólo es absolutamente ilegal al contradecir las leyes; sino que también contraviene las instrucciones expresas que se han dado a los funcionarios públicos, cada vez que hay elecciones de esta naturaleza por parte de la Contraloría General de la República.

Lo que anteriormente expongo, es grave no sólo por su ilegalidad, sino porque el señor subsecretario, descuida con ello una de sus funciones más importantes, como es la de velar por la seguridad pública de todos nosotros, agravándose aún más esta situación si consideramos lo que diversas encuestas exponen sobre la delincuencia, como son la de Paz Ciudadana, Adimark, entre otras, en donde nos dicen que a la delincuencia no sólo no se le ha logrado poner un alto, sino que esta va en un franco aumento sostenido, al igual que el temor ciudadano, pese al gasto realizado desde el año 2006 de más de 2,5 billones de pesos. Algunos de los delitos que han tenido un mayor auge son los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerzas en las viviendas. De hecho en los últimos dos años se ha alcanzado el record histórico de robos violentos contabilizados desde el año 2000, delitos sobre los cuales existe una generalizada preocupación de impunidad por parte de la población.

La delincuencia es la principal preocupación de los chilenos y es el área peor evaluada del Gobierno con un 93% de desaprobaciónón y ello obedece en parte a la soberbia y a la política de la retroexcavadora con que las actuales autoridades llegaron al poder, cesando de sus funciones a los funcionarios que venían del Gobierno de Piñera, dejando decapitado aquellos programas que demostraban importantes avances en el combate contra este flagelo. La delincuencia es un hecho real y no como han intentado convencernos  que sólo es una percepción equivocada.

Mención aparte merece la delincuencia juvenil por el alto porcentaje de jóvenes que participan en actividades delictuales, de las cuales ellos hoy son responsables de más de 400 mil delitos.

En suma, el actual Gobierno en vez de preocuparse de los muchos problemas de la población, ha demostrado una total indiferencia e incapacidad para resolverlos y más bien este se ha preocupado de ocupar los recursos de todos los chilenos en otras áreas tales como el financiamiento de viajes de las autoridades y de los asesores del Gobierno con el sólo propósito de proselitismo político partidiario o en reformas que desde un inicio mostraron su inutilidad y perjudicialidad en el país.

Dra. Susana Verdugo Baraona.