El Banco de Desarrollo Económico de Venezuela habría transferido a la Universidad Arcis 13 millones de dólares, los que se presume se utilizaron para el financiar al Partido Comunista (PC) y es investigado por una Comisión de la Cámara de Diputados, a la cual el Jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, ante la pregunta ¿se lucró o no en el plantel?, respondió: “No se podría tener esa información. (…) Los antecedentes que tuvimos a la vista no nos hizo pensar en lucro”, agregando no contar con la información solicitada al Servicio de Impuestos Internos y al Banco Central, por lo cual en su informe que pretendía cerrar la investigación no consideró este aspecto, lo que complejiza la situación del Partido Comunista, ya que:
La comisión debió citar de forma obligatoria al secretario general del PC, Juan Andrés Lagos, luego que no asistiera a una sesión disculpándose por escrito; Claudio González (PC) actual asesor del Mineduc, ha participado en esa condición en reuniones sobre la investigación; se han presentado dos recursos de protección intentando que la inmobiliaria Libertad cuyo gerente es Patricio Palma, quien también representó al PC en el equipo que elaboró el programa de campaña de Michelle Bachelet, no entregue documentos sobre las “operaciones realizadas con la Universidad Arcis”, señalando que el SII, vulnera los derechos de la empresa, al pedirle “contratos, facturas, boletas de honorarios o cualquier otro documento que dé cuenta de las operaciones suscritas desde el año 2004, recibiendo el apoyo del Presidente del PC Guillermo Tellier.
Tomás Moulián, ex rector de la Arcis, reconoció que había habido retiro de excedentes de la universidad por parte de miembros del PC y que dichos dineros, “conociendo al partido comunista, cree que fueron para la organización y no para el lucro personal de los militantes”. Frente a ello existen dos posibilidades: 1) Lucro en la educación superior o 2) Financiamiento disfrazado al Partido Comunista.
En otro orden cosas –o irregularidades- por decirlo suave, hace pocos días, al efectuarse el traslado de 15 reos desde el Centro de Detención Preventiva de Ovalle, al Penal de Huachalalume de La Serena, funcionarios de Gendarmería, denunciaron un “tráfico de influencia y posible usurpación de nombre”, para impedir el traslado de Luciano Contreras (condenado por tráfico de drogas), hijo del Presidente Comunal del PS y funcionario de la Gobernación Provincial, asegurando que se utilizó el nombre del Gobernador en un llamado telefónico recibido, no siendo ingresado en el Penal de destino y devuelto a Ovalle, por orden superiores emanadas desde Santiago.
Si se considera que dentro de las promesas de la Nueva Mayoría se encuentran el “fin al lucro” en educación y ahora el PC se opone tenazmente a que se investigue el caso ARCIS, y que aseguraban que se adoptarían medidas para combatir la delincuencia pero hoy se impide el traslado de un condenado por narcotráfico, por ser hijo de un político local (PS), al común de los habitantes, se le producen serias dudas que se cumplan sus promesas, observando que temas relacionados con dineros fiscales y drogas se posesionan como el talón de Aquiles de la clase gobernante, ya que basta recordar los grandes fraudes en que se han involucrado sus actores y el indulto concedido por el presidente Frei a un gran narcotraficante.
Por el bien de la democracia, la recuperación del tan alicaído prestigio político; la confianza en las autoridades y el respeto la transparencia y probidad con que deben cumplir sus funciones los representantes del gobierno, es más que necesario ¡¡Obligatorio!! … Esclarecer la verdad sobre lo ocurrido y explicitar las medidas adoptadas para sancionar lo mal obrado e impedir repeticiones de estos hechos.
Dra. Susana Verdugo Baraona
