Según testimonios que ha conocido OvalleHOY.cl, el establecimiento educacional – que declinó referirse al tema – enfrenta una situación compleja, dado que era el docente a cargo de la especialización de Salud.

Un gran número de apoderados y alumnas del Colegio La Providencia fueron convocados la tarde de hoy jueves a una reunión de emergencia en el establecimiento educacional ovallino. El motivo de la cita, según una fuente que contactó a nuestro medio y pidió reserva de su identidad, tuvo como objetivo tratar una situación compleja al interior del establecimiento de educación técnico profesional y científico humanista dependiente de la Congregación de La Providencia.

Según pudo confirmar OvalleHOY, el tradicional colegio ovallino tendría un grave problema debido a que la persona que está encargada de la especialidad de salud, específicamente, habría falsificado título profesional para ejercer, lo que podría poner en entredicho la formación de las estudiantes.

OvalleHoy.cl accedió al testimonio de un apoderado asistente a una de las reuniones, quien relató que «quien habló con los apoderados, a través de un video zoom con todas las salas, fue la subdirectora María Cecilia Martínez Salas – quien primero se reunión con todas las directivas de apoderados a las 16:00 horas – y explicó que el profesor de enfermería no tenía título, que era todo falsificado y que esta situación incluso comprometería a una notaría de La Serena que ratificó la firma de los títulos».

OvalleHOY intentó obtener una versión oficial de lo sucedido de parte del establecimiento limarino, pero tras gestiones de nuestra redacción, declinaron referirse al tema.

Y nuestras hijas ¿se podrán graduar y obtener el título?

Una de las preocupaciones de los apoderados con los que conversó OvalleHOY era la situación de las estudiantes que han recibido los contenidos impartidos por el ahora desvinculado profesor y si, de confirmarse que sería un falso profesional, sus pupilas podrán egresar como Técnico de Nivel Medio en Atención de Enfermería, que es el título que entrega el establecimiento.

Nuestro medio se contactó con la Jefa Provincial de Educación del Limarí, Susana Torres Pérez – antes de confirmar la desvinculación del ex trabajador del Colegio La Providencia (ndr)-, para conocer, desde el aspecto normativo, cómo es el proceso para certificar profesionales que trabajen como docentes en los colegios técnicos.

¿Cómo, desde el punto de vista de la Educación Técnico Profesional, se contrata a los profesionales que trabajan como docentes en un establecimiento de este tipo?
“En la Educación técnico profesional se contratan profesionales afines a la especialidad. Los establecimientos ingresan a una plataforma de autorización docente donde, según el decreto 352 del ministerio de Educación, hay requisitos para poder dar cumplimiento para ser docente de una especialidad. A veces, es por determinados cursos específicos que debe tener el profesional”.

Torres agrega que “los establecimientos suben a la plataforma, por ejemplo, el certificado de título que puede ser técnico o profesional, los años que cursaron, los antecedentes y certificado de inhabilidades para trabajar con menores. Hay una serie de certificados que pide la plataforma y hay funcionarios que fiscalizan si se cumplen, según la orden de prelación que da el decreto 352, para autorizar el ejercicio docente».

¿Hay un cotejo de esa información? ¿Hay un funcionario que verifica esos antecedentes?
“El funcionario entiende que, lo que está presentando el establecimiento, lo verificó. No es función, valga la redundancia, del funcionario a cargo, revisar que la documentación presentada es verídica, eso corresponde, en este caso, al sostenedor que contrata”, es decir el establecimiento y agrega que “el funcionario verifica que la documentación presentada sea la solicitada: si presentó el título, el certificado de título, el papel de antecedentes, etc. Eso hace y emite la orden de autorización docente”.

Consultada acerca del caso hipotético en que una persona falsifica un título, más allá de las sanciones penales que podrían imponerse a quien lo hace y ejerce ilegalmente la profesión, y cuáles serían las sanciones a las que se expone el sostenedor, la jefa provincial de Educación del Limarí nos aclara que dichas sanciones «las debería determinar, si proceden, la Superintendencia de Educación” y remarca que “como Ministerio, en la parte pedagógica, el decreto 352 nos sustenta para que el establecimiento cuente con personal idóneo para la especialidad”.

Pedagógicamente ¿qué pasaría con esas estudiantes? ¿Podrían tener la especialidad que cursaron?

“Difícilmente, porque no estaríamos contando con la certificación del profesional idóneo, lo que en ese caso hipotético, no se cumple. Entonces debiera haber un plan – me imagino – elaborado por la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, me imagino que podría ser en colaboración con el Ministerio de Educación para regularizar la situación de los o las estudiantes”, asegura.

Por Angelo Lancellotti González
Periodista