Uno de los objetivos de la Agenda de Energía de nuestro Ministro Máximo Pacheco es generar un modelo de desarrollo energético inclusivo que permita a las comunidades fortalecer su identidad, en armonía con los proyectos de generación eléctrica que se implementen en sus territorios.
Esta iniciativa espera quedar plasmada en un proyecto de ley de asociatividad que marcará un hito en el país, bajo el concepto de “valor compartido” entre empresa y comunidad, reemplazando la idea de la compensación comunitaria cuando se materializan este tipo de proyectos.
Lo que buscamos es hacer partícipes de algún beneficio a los miembros de las localidades que reciben proyectos de energía en las ventas que se generen, mediante una fórmula en que los fondos se administren por medio de una fundación o bien directamente a través de las municipalidades para obras que promuevan el fortalecimiento social, económico y cultural.
La propuesta apunta a asignar un valor por mega watt (MW) generado por las centrales eléctricas, aún sin definir el precio, sólo para proyectos de más 20 MW de capacidad instalada.
Nuestra Región de Coquimbo ya está un paso más adelante con la experiencia del parque eólico Los Cururos y los 70 comuneros de La Cebada, que recibirán el 3,5% de la factura por la venta de la energía generada, lo cual es un ejemplo a replicar y nos posiciona como pioneros en acuerdos que le dan una real impronta al territorio y los hacen partícipes del desarrollo regional.
Es el camino correcto para que las empresas, cuando desarrollen sus proyectos, integren a las comunidades y nos hagan un país con mayor inclusividad, disminuyendo la desigualdad y fortaleciendo la institucionalidad democrática.
Para cumplir este objetivo se requiere la generosidad de muchos actores de la sociedad. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
Marcelo Salazar Pérez
Seremi de Energía
