Sr. Director,
Respecto de la columna publicada por la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Mirtha Meléndez, primero quiero aclarar que decir que la reforma al Código de Aguas era una “catástrofe” implica un hecho objetivo que es perder los últimos 4 años impulsando una reforma que no genera un sólo litro nuevo de agua a nuestra matriz.
Si consideramos el cambio climático y las extensas sequías que han afectado a nuestro país, perfectamente podríamos hablar de catástrofe, una que quizá la Seremi no aprecia hoy, pero que podría materializarse mañana. Ese es el rol que deben cumplir las autoridades del Estado: dar una mirada amplia y en perspectiva para anteponerse a situaciones negativas que pudieran impactar a la población. Lamentablemente, este no es el caso.
Cuando digo que esta modificación legislativa tiene tintes ideológicos, no es antojadizo. Una reforma que sólo busca modificar derechos y no generar o almacenar más agua refleja una clara intención de atacar el modelo, en el cual la propiedad privada no tiene cabida. El foco, una vez más, está equivocado.
La Seremi Meléndez dice que todos los derechos existentes mantendrán su carácter de “indefinidos” o “perpetuos”, pero eso no se ajusta a la realidad. Al cambiar la definición de “dueño” o “propietario” del derecho de aprovechamiento de agua se pierde la disposición de éste y por tanto se podría quitar en cualquier momento, a criterio de la autoridad de turno.
El titular del derecho no está definido en ningún reglamento, ley o en la Constitución. Decir que van a mantener la disposición de los antiguos derechos es mal informar a agricultores, canalistas y regantes, dado que todos tendrán que regirse por la ley modificada.
La Seremi insinúa que con esta reforma los regantes podrán regularizar sus usos de agua, pero ese comentario sólo muestra la falta de “calle” de la autoridad al momento de enfrentar una reforma. Si pedimos a una organización de usuarios que regularice miles de derechos de aprovechamiento de agua de pequeños agricultores será imposible, ya que no tienen la capacidad financiera para hacerlo y los afectaría profundamente en su patrimonio.
Más preocupante aún es que se diga que la reforma favorecerá al pequeño agricultor, cuando en la realidad será el más afectado, pudiendo llegar a perder el 70% u 80% de su patrimonio, lo que sería una expropiación encubierta a quienes la Reforma Agraria en algún momento protegió y benefició.
Desde la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, AGRYD, seguiremos diciendo las cosas de frente cuando algo nos parezca y realmente sea “catastrófico”.
Felipe Martin Cuadrado
Ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Presidente Asociación Gremial de Riego y Drenaje, AGRYD.
