La Defensoría Penal Pública, al cumplirse 10 años de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, instalada por la Ministra de Justicia Soledad Alvear, en el gobierno de Eduardo Frei, publicó en el editorial de su revista de diciembre del año 2010, que ella constituía ”una revolución en justicia que había marcado particularmente a nuestro “Estado de Derecho” y permitido la profundización de la democracia (…) y la transparencia en el desarrollo de los conflictos, alejando el fantasma de la corrupción de la factura de la justicia”.
Este sistema (denominado adversarial) está basado en la controversia entre las partes involucradas, en que intervienen los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente) en procedimientos orales, que se desarrollan ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.
Esta reforma pasó a reemplazar el sistema de justicia que operaba en Chile desde principios del siglo XX, asegurando según el Código Procesal Penal reformado, una justicia accesible, imparcial, igualitaria y garantista, ya que la necesidad de prevenir la corrupción, aumentaba la necesidad de contar con un poder judicial eficiente e independiente.
Pero, sus actuaciones han incidido en que actualmente el “Índice de Victimización de la Fundación Paz Ciudadana”, en octubre, haya llegado a su máximo histórico en los 14 años que lleva operando el nuevo sistema judicial, que lamentablemente nos ha acostumbrado a observar el máximo de garantías para delincuentes, que obtienen su libertad con una velocidad asombrosa o son sancionados con medidas alternativas irrisorias, lo que les permite seguir delinquiendo; en tanto las víctimas deben sortear numerosas trabas para obtener diligencias con la esperanza de esclarecer los delitos, cuasidelitos, daños o lesiones que les afecten, costearse defensa, asesorías, peritajes etc., que son considerados de forma superficial o simplemente ignorados.
Es común observar la aplicación de justicia, basados en aspectos sociales y políticos; lo que debe analizarse con detención, ya que es evidente que produce gran daño y como ejemplo de ello tenemos el caso de la violencia en Arauco, en que por años se negó la aplicación de leyes especiales para frenar gravísimos actos que han costado vidas y bienes de los residentes, y que hoy hace que se incrementen la cantidad de funcionarios policiales heridos por ataques de actores subversivos, registrándose este año 54 policías lesionados mientras prestaban vigilancia y protección a los habitantes de la zona.
Todo sistema regulatorio del orden público, seguridad y justicia que se aplique, es perfectible de ser mejorado y a ello tendían las medidas sugeridas por el gobierno anterior, las que al ser desestimadas sin llegar al menor análisis, han provocado que ahora autoridades de gobierno, judiciales y políticas, reconozcan la necesidad de actuaciones más decididas, en lo que le cabe una especial actuación al Ministerio Público, que registra la mayor insatisfacción por su labor, ya que alrededor del 65% de quienes efectúan denuncias por delitos, consideran negativo su desempeño y muchas personas no denuncian porque han perdido la confianza en su accionar.
Dra. Susana Verdugo Baraona.
