Los jóvenes denunciaron en el tribunal haber sido golpeados por carabineros tras la detención .
Los jóvenes habrían ingresado a las 01:40 horas de la madrugada al establecimiento con el objetivo de sustraer especies, lo cual se vio frustrado por el actuar de carabineros, quienes llegaron rápidamente al lugar tras el llamado efectuado por el cuidador del lugar.
Los imputados identificados como Y.S.A.C, y V.D.S.C de 15 y 16 años de edad respectivamente, fueron encontrados al interior de una sala de colegio sin tener ningún bien en su poder, y de acuerdo a lo manifestado por ambos, habrían sido agredidos por personal policial con golpes de puño y pie en diversas partes del cuerpo. Según versión de carabineros ambos tienen anecedentes penales por distintos delitos.
A su vez, los adolescentes señalaron al magistrado que la hora de detención habría sido a las 22:00 horas y no en la madrugada como estaba manifiesto en el parte policial, y que además en la constatación de lesiones, el médico de turno no dejó constatación de las contusiones.
Vulneración de derechos
El sociólogo Daniel Aguilera de la Oficina de Protección de Derecho infanto-juveniles , manifestó “La ley de responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084) es aplicable a toda persona que haya cumplido 14 años hasta que cumpla 18, y norma los siguientes aspectos:
La responsabilidad penal por los delitos.
El procedimiento para la averiguación y el establecimiento de la responsabilidad penal.
La forma de determinar sanciones aplicables.
La ejecución práctica de las sanciones».
A su vez, el profesional agregó, «ahora bien, si en el proceso de detención existen pruebas de golpes y malos tratos al detenido, ahí estamos frente a una vulneración de derechos ; sin embargo, primero se debe realizar una denuncia, donde se establezca la constatación de lesiones como medio de prueba y junto con eso recabar otros antecedentes necesarios, como fotografías , testimonio de los adolescentes”.
Ambos menores quedaron en libertad, y arriesgan una pena de 120 horas de prestación de servicio a la comunidad concediéndose al ministerio publico un plazo de 30 dias para la investigación.
