ONG Elqui Valle Sagrado, la Organización Turística Pisco Elqui y la guía de turismo Angélica Rojas, alegan que el SEA omitió sus observaciones sobre impactos en glaciares, agua y turismo, y cuestionan evaluación mediante Declaración de Impacto Ambiental.
El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite tres reclamaciones contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la aprobación del proyecto “Prospección Minera Campanario”, de la empresa Barrick. Las acciones judiciales buscan dejar sin efecto la resolución del SEA que rechazó los recursos presentados por la ONG Elqui Valle Sagrado, la Organización Turística Pisco Elqui y la guía de turismo Angélica Rojas, quienes impugnaron la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que validó el proyecto en julio de 2024.
Los reclamantes sostienen que el SEA ignoró sus observaciones ciudadanas, las cuales alertaban sobre impactos en glaciares, humedales, aguas subterráneas, flora, fauna, patrimonio cultural y actividades económicas como el turismo y la agricultura. Además, critican que el proyecto se evaluara mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en lugar de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), mecanismo que habría permitido un análisis más exhaustivo y participativo. Exigen la nulidad de la RCA, la invalidación de la aprobación y, en su caso, la reapertura del proceso bajo los principios de legalidad, prevención y participación ciudadana.
El proyecto, a cargo de Inversiones Barrick Conosur SpA, implica una inversión de US$36 millones y busca identificar potencial mineral en el Área Campanario mediante 116 sondajes diamantinos. Incluye la habilitación de caminos, instalaciones auxiliares y una captación de agua en el Río Malo, con una vida útil estimada de cinco años.
Tras la admisión a trámite, el tribunal acumuló las causas (Rol R-127, R-128 y R-129-2025) para su tratamiento conjunto. El siguiente paso requerirá que el SEA presente un informe defendiendo su decisión de rechazar las reclamaciones administrativas. El fallo podría sentar un precedente sobre la rigurosidad en la evaluación de proyectos con potencial impacto en ecosistemas y comunidades locales.
