La crisis en el mercado laboral chileno ha vuelto a encender las alarmas macroeconómicas y sociales. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional escaló al 9,4%, consolidándose como la cifra más alta registrada en los últimos cinco años.
El complejo escenario coincidió con la entrega del informe de la Mesa de Reactivación Laboral —convocada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau—, el cual plantea 22 propuestas para contener la crisis. Entre las medidas que ya generan debate transversal se encuentra el fortalecimiento del Artículo 161 del Código del Trabajo (causal de «necesidades de la empresa») y la evaluación de una eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para los contratos nuevos.
Ante un panorama donde los despidos bajo esta causal van en alza y las reglas del juego legislativo podrían cambiar en el Congreso, los especialistas legales recuerdan que los trabajadores deben conocer las herramientas de la normativa aún vigente para no vulnerar sus derechos al momento de un desahucio.
La «Reserva de Derechos»: Una herramienta crítica al firmar el finiquito
Uno de los errores más comunes detectados por los tribunales laborales es la firma del finiquito sin una lectura comprensiva de sus efectos liberatorios. Expertos en derecho del trabajo enfatizan que, bajo las leyes actuales, el trabajador tiene la facultad legal de estampar una Reserva de Acciones y Derechos.
«Esta reserva es un texto que debe incorporarse a mano en todas las copias del documento antes de firmar», explica Matías Espinoza, abogado especialista en materia laboral. «Su relevancia radica en que permite al trabajador percibir los montos ofrecidos de forma inmediata y, al mismo tiempo, mantener habilitada la vía judicial para demandar si considera que el despido fue injustificado o existen diferencias en los cálculos».
Asimismo, el profesional detalla que la carta de aviso de término de contrato debe ser revisada minuciosamente. Por ley, el empleador está obligado a detallar con precisión los hechos económicos o tecnológicos que justifican las «necesidades de la empresa». De no existir fundamentos sólidos, los tribunales suelen declarar la desvinculación como injustificada, lo que activa un recargo legal sobre la indemnización por años de servicio.
Plazos estrictos y el mito del «trabajo sin contrato»
El factor tiempo es otro de los flancos débiles para quienes buscan reclamar sus derechos. La legislación laboral establece un plazo de 60 días hábiles para presentar una demanda judicial tras la separación de las funciones. Una vez vencido este periodo, cualquier acción legal queda prescrita.
Por otra parte, la alta tasa de informalidad en el empleo ha abierto la interrogante sobre qué ocurre con quienes prestan servicios sin un documento escrito. Desde la perspectiva jurídica chilena prima el principio de la «primacía de la realidad».
Criterios que acreditan una relación laboral (con o sin contrato)
Subordinación y dependencia: Recibir instrucciones directas de una jefatura.
Cumplimiento de jornada: Respetar horarios de entrada, salida o turnos fijados.
Remuneración: Recibir un pago periódico a cambio de las funciones realizadas.
Si estos tres factores confluyen, la ley asume la existencia de un contrato de trabajo indefinido. Esto otorga de forma automática el derecho al ingreso mínimo, el pago retroactivo de cotizaciones previsionales y de salud, y las indemnizaciones correspondientes por despido. Para hacer valer esto ante la Inspección del Trabajo o tribunales, los especialistas recomiendan a los trabajadores recopilar evidencias de respaldo como transferencias bancarias, registros de mensajería (WhatsApp) y testimonios de terceros.
Mientras las recomendaciones de la Mesa de Reactivación Laboral inician su camino de discusión política y legislativa en el Congreso, los derechos de los trabajadores despedidos siguen rigiéndose estrictamente por los parámetros actuales del Código del Trabajo, donde la información oportuna resulta clave para mitigar los efectos de la cesantía.
