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La involución del sistema de pensiones en Chile

En los últimos años un tema que ha sido abordado transversalmente por los distintos sectores políticos de nuestro país, pero que ha servido principalmente para que movimientos de dudosa representatividad lo transformen en un instrumento político de la izquierda, ha sido precisamente el tener una pensión para vivir una adultez de manera digna.

Me gustaría que hiciéramos memoria de cuándo es que se comenzó a hablar de las pensiones de manera frecuente en nuestro país y fue a raíz de situaciones de privilegios que gozaban algunos funcionarios públicos que netamente por cuoteo político habían ingresado a ciertas instituciones con sueldos altísimos para terminar con una pensión de más de 5 millones de pesos como es el caso de la militante socialista Myriam Oleta y para desviar la atención se sindicó por ese entonces que el responsable de las bajas pensiones eran las Administradoras de Fondos de Pensiones y en especial el sistema de capitalización individual.

Para que entendamos, me gustaría retroceder un poco en el tiempo y que cada cual vea quien fue el que traicionó a la ciudadanía y que después se arrogó aires de salvador, siendo que fueron los responsables de lo que hoy existe. 

A finales del año 1980, se promulgó el Decreto Ley 3.500 dándonos un sistema de capitalización individual, pues antes de esa fecha el sistema previsional chileno era de reparto; aunque decir que era un sistema, es ser bastante benevolente; ya que lo que existía era más bien un conjunto disperso de normas que solo buscaban el bienestar de determinados grupos de interés, en donde los trabajadores estaban condicionados por el trabajo que desempeñaban; es decir que no había libertad de elección previsional y habían 32 cajas de previsión que administraban 100 regímenes previsionales diferentes, privilegiándose con ello la ineficiencia administrativa y la discriminación, pues las personas eran pensionadas de acuerdo a su trabajo y que los fondos no eran propiedad del trabajador, ya que existían requisitos de número de años cotizados como mínimo para poder obtener el beneficio; es decir, si usted no cumplía con esos años, podía perder lo entregado al sistema.

Lo que cambió con el sistema de capitalización individual y que originalmente tenía una propuesta muy distinta al sistema que hoy conocemos, en atención a que para ese entonces (1980-1981) se pensaba el cobrar una comisión alta pero con la contraprestación que garantizaba una rentabilidad en UF más 4% anual que de haberse mantenido como se planteó originalmente las personas hoy en día recibirían el doble de su pensión actual, como explicara el experto en el tema, Gino Lorenzini. Además, en el sistema original existía una compensación por pérdidas cada 01 mes, siendo esto modificado por el Presidente Aylwin, ya que estableció que se compensarían las pérdidas cada 12 meses y además introdujo con la Ley 18.964 una modificación al artículo 39, en donde la A.F.P. bajarían sus garantías de un 5% total del capital al 1% es decir que los afiliados deberían poner $100 millones de su bolsillo; versus que las A.F.P. $1 millón para cubrir las pérdidas.

Entonces sólo con lo antes planteado, ¿quiénes son los responsables de lo que hoy tenemos?; a mayor ahondamiento durante el Gobierno de Eduardo Frei (hijo) en octubre de 1999, se publicó la Ley 19.641 que aumentó en promedio de rentabilidad negativa (pérdidas) de 12 a 36 meses, lo que claramente facilitó a que hoy en día las A.F.P. prácticamente nunca compensen a sus afiliados y como si eso fuera poco modificó el tema respecto a quien soporta el riesgo de las pérdidas, traspasándoselo a las personas creando con ello los multifondos, pues antes todos estábamos en la letra C.

Si no fuera suficiente lo mal que se había manejado y las modificaciones que se le habían introducido al sistema, durante el Gobierno del Presidente Lagos, en el año 2004 se introdujo uno de los cambios que mayor impacto ha causado a todos los afiliados y que es respecto a la tasa de mortalidad, pues esta se calcula a raíz de esa modificación a través de la Superintendencia de Valores y Seguros, que calcula que los afiliados vivirían en promedio 110 años y no 85 años como proyectaba el Instituto Nacional de Estadística como lo estimaba originalmente el proyecto original en la década de los 80 y antes de toda esta seguidilla de malas reformas. Ya que es evidente que con esta modificación que se introdujo en el Gobierno del señor Lagos, se bajó artificialmente la jubilación del retiro programado.

Si con todo lo anterior que hicieron la seguidilla de los Gobiernos en la década de los 90 en adelante fuera poco, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet en el año 2008, se promulgó la Ley 20.255 que derogó el inciso final del artículo 37 lo que permitió eliminar de manera definitiva los mecanismos que garantizaban rentabilidades mínimas del sistema y junto con la derogación de ese artículo, se derogó además el artículo 38 que era el que contemplaba el único mecanismo de compensación por pérdidas y baja rentabilidad.

Entonces en vista de todo lo antes planteado y teniendo los verdaderos hechos al alcance del ciudadano común y corriente que no es un erudito en el tema, ¿quiénes fueron los que traicionaron a Chile?… la respuesta es clara la izquierda que siempre culpa al empedrado y se arroga ser la salvadora de la ciudadanía, cuando lo que hace es aprovecharse de ella.

Susana Verdugo Baraona

OvalleHoy.cl