El 21 de octubre del año pasado, la Corte Suprema ordenó que la minera Los Pelambres, de propiedad de Andrónico Luksic, ubicada en la provincia de Choapa, que para efectos de acopio de relaves de su producción, construyó el tranque “El Mauro”, que derribara este o lo removiera totalmente, ya que por estar instalado sobre napas de aguas subterráneas contamina este vital elemento que abastece el consumo de pobladores de Combarbalá y en especial de la localidad de Caimanes.
La situación se judicializó por los daños en salud de los residentes y severa escasez hídrica que se produce en la zona, pero la minera desacatando la orden del máximo tribunal de justicia, justifica su conducta, aduciendo que Los Pelambres no es responsable de la sequía y contaminación, ya que solo tiene el 10% de los derechos de agua del Río Choapa; en tanto los pobladores les pide que instalen una planta desalinizadora de agua de mar para ejecutar sus faenas y cumpla lo ordenado por la justicia, haciendo los trabajos necesarios para devolver al río Choapa su cauce natural y así alimentar al estero Pupío que llega a la gente.
Es impresentable que mientras el conflicto se desarrollaba, existiendo una orden perentoria del máximo tribunal, la intendenta de la Región, el Gobernador de Choapa y las autoridades, insistieran en dialogar buscando soluciones y que el mismo grupo empresarial, dirigido por el personaje poseedor de la mayor fortuna del país, mantenga otro conflicto en el puerto de Antofagasta, al modificar una red de traslado de concentrado de cobre que se extiende por más de 100 kilómetros, mediante tubería desde el mineral de Sierra Gorda hacia el puerto de Mejillones, cambiando la modalidad y lugar de destino -lo hacen por Antofagasta-, transportando el mineral a través de camiones y ferrocarril, también de su propiedad, con el fin de abaratar costos, originando una seria contaminación y enfermedades por la polución de poli metales, de derivan de su lugar de acopio.
El problema es tan serio, que el Colegio Médico, parlamentarios de la zona, organizaciones sociales y pobladores y diferentes actores se movilizan y han presentado recursos de protección por ello, pero al igual que en el caso de Caimanes ha sido dificultoso el lograr que la minera respete los estándares exigidos, y es más, la ministra de minería, que también debiera intervenir para impedir el daño, era Gerente de Administración y Finanzas de la empresa operadora (ATI) del puerto de Antofagasta, también de propiedad de Luksic, cuando se efectuaron y aprobaron los estudios ambientales para la construcción del galpón de acopio del mineral.
Con lo acontecido queda de manifiesto, que existen entidades poderosas, que bajo el pretexto de generar empleos y progreso, obtienen fraudulentamente los permisos ambientales para que funcionen sus empresas, pasando a segundo plano el daño que producen en la salud de la población, privilegiándose el aspecto económico que favorece a los grupos empresariales en desmedro del medio ambiente y por ende del bien común, por lo que no es de extrañar, que este magnate, luego en retribución a través de un banco del cual también es propietario le haya entregado sin mayor dificultad un préstamo a la empresa Caval, ligada a la nuera e hijo de la Presidenta, para involucrarse en la compra y venta de terrenos, logrando grandes utilidades, ya que total para algunos ¡Los negocios son negocios!., y el bien común en estos casos no prima.
Dra. Susana Verdugo Baraona.-
