El objetivo es eliminar los ‘rankings por colegio’ para que los establecimientos se enfoquen en mejorar el nivel educativo y no en la competencia entre los recintos, por ejemplo, mediante la página del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En condiciones de ser visto por la Sala del Senado, quedó el proyecto –en primer trámite- que busca modificar el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura  aprobaran la idea de legislar luego de escuchar a representantes del Centro de Estudios Públicos (CEP) y la fundación Nodo XXI (organización sin fines de lucro que reflexiona sobre distintos temas país) en la última sesión.

La moción de autoría del senador Carlos Montes, y que es apoyada por sus pares Isabel Allende, Carlos Bianchi, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, pretende limitar la difusión de los puntajes del Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMCE) a nivel de establecimientos educacionales, permitiendo que éstos sólo se puedan presentar con carácter nacional, regional y comunal.

El objetivo es eliminar los ‘rankings por colegio’ para que los establecimientos se enfoquen en mejorar el nivel educativo y no en la competencia entre los recintos, por ejemplo, mediante la página del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Al término de la votación, el presidente de la Comisión, el senador Juan Ignacio Latorre comentó que “se busca restringir la visibilidad de los resultados del SIMCE para evitar la distorsión que se da en el proceso de selección de establecimientos. Ojo que acá no se elimina la posibilidad de informar sobre la categoría en que está el establecimiento, sino que se busca evitar el exceso de importancia que se da a esta herramienta que a veces se le considera un fin en sí mismo”.

SIMCE CUESTIONADO

La investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre se abocó a responder la consulta ¿el problema es la difusión o la calidad del instrumento?, esto refiriéndose a los cuestionamientos que ha tenido el SIMCE y la idea del proyecto de limitar la entrega de sus resultados.

En tal sentido, aseguró que “evaluar e informar tiene sentido en la medida que los instrumentos sean de calidad. Si los instrumentos son técnicamente defectuosos, entonces de nada sirve evaluar e informar. Pero el problema no es la evaluación ni la información sino la calidad de los instrumentos”.

La profesional dio a conocer estudios que han realizado, donde se revisa cómo los resultados de esta herramienta afectan la postulación que realizan los padres para matricular a sus hijos en los distintos ciclos educativos.

A modo de conclusión, Eyzaguirre recomendó reducir la brecha informacional, es decir, comunicar a los postulantes prioritarios su calidad de prioritarios y los beneficios asociados; como así también ampliar la difusión de los indicadores objetivos de calidad, especialmente en la población más vulnerable. “También es conveniente someter a una evaluación internacional nuestro SIMCE y establecer por la ley la obligatoriedad de evaluaciones internacionales obligatorias, de ser posible cada 8 años”, planteó.

“EL PROYECTO SE HACE CARGO SOLO DE UNA PARTE DEL PROBLEMA”

En tanto, el académico de Nodo XXI, Iván Salinas explicó que “han pasado más de 30 años desde que se creó el SIMCE, una herramienta cuyo principal objetivo fue y ha sido de carácter ideológico en el sistema, pero que hoy ha sido visto, erróneamente, como el indicador de la calidad de la educación”.

En tal sentido mencionó que “el problema del SIMCE para el sistema escolar tiene que ver con tres elementos: su carácter antipedagógico; sus problemas técnicos o metodológicos; y las consecuencias que tiene para las escuelas. Esto lleva inevitablemente a mostrar que el proyecto que hoy discutimos –sobre la publicidad de los resultados SIMCE- solo aborde una parte del problema”.

El profesor aclaró que “no es la publicidad de los resultados por sí sola la que genera el problema, sino que lo es la producción y disposición de los resultados para su uso. Es decir, mientras haya datos censales del SIMCE, y se puedan pedir por cualquier medio, la publicidad existirá”.

Siguiendo esta línea, aseguró que “este proyecto de ley no tendrá el efecto esperado a menos que se resuelva también el discutir otro tipo de medidas relacionadas con las mediciones educativas. Entre éstas están:

i) Investigar a fondo los intereses creados en torno al SIMCE.

ii) Eliminar el carácter censal de las mediciones de logro académico. Asumir que la medición, para informar la política educativa, no necesita tener de una prueba censal.

iii) Detener la aplicación de las mediciones hasta que se otorgue una absoluta certeza de sus limitaciones.

iv) Eliminar todas las consecuencias e incentivos asociados a los resultados SIMCE, en particular el cierre de escuelas públicas y que atienden a población vulnerable”.