El caso de Sophie, la lactante brutalmente asesinada por su padre en Puerto Montt el pasado 25 de enero, ha desatado una ola de repudio en todo el país y no son pocos los que incluso han alzado la voz para pedir el regreso de la pena de muerte en el país.
Estas voces apuntan que el progenitor de la pequeña, Francisco Ríos (26), merece pagar con la misma moneda el resultado de la violación y golpiza que habría propinado a Sophie. Es decir, la aplicación de la vieja Ley de Talión (en latín, lex talionis) que es la “denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El término «talión» deriva de la palabra latina talis o tale que significa «idéntico» o «semejante» , de modo que no se refiere a una pena equivalente sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico «ojo por ojo, diente por diente».
Los detractores, en tanto, se rehúsan a esta idea por considerar que sería un retroceso volver a aplicar la pena de muerte a casi dos décadas de suspendida.
La pena de muerte fue derogada en 2001 por Ley Nº 19.734, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Las razones serían la evolución de la doctrina de los derechos humanos, que indica que la sociedad no puede matar a uno de sus miembros. Asimismo, añaden, el efecto disuasivo que esta tiene, no es muy significativo, revisando la experiencia de países que aún la mantienen.
CASOS EMBLEMÁTICOS
En los últimos días la prensa nacional ha recurrido a casos emblemáticos de aplicación de la pena capital.
Uno de ellos es el de Jorge del Carmen Valenzuela, el tristemente célebre Chacal de Nahueltoro, quien en 1960 mató a su pareja Rosa Rivas y a las cinco hijas de esta, caso mostrado por Miguel Litín en una película homónima, elogiada por la crítica, aunque criticada por quienes aseguran que no refleja la realidad de lo ocurrido en toda su extensión.
Años más tarde dos casos volvieron a estremecer Chile y concluyeron con la pena de muerte. En 1982 dos pelotones ejecutaron a dos exfuncionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en Calama, quienes para robar 45 millones de pesos a un Banco del Estado en Chuquicamata dieron muerte al agente y al cajero de la sucursal.
El otro caso, es el de los psicópatas de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Topp Collins, ambos ex carabineros, ejecutados en Quillota en enero de 1985, por haber cometido 4 violaciones y 10 asesinatos.
EN OVALLE
Ovalle no ha estado al margen de este tema.
Eso porque nuestra ciudad tuvo el triste privilegio de ser la primera ciudad del país en la que fue aplicada la pena de muerte.
El 3 de febrero de 1890, cuando la cárcel de Ovalle se encontraba ubicada frente a la Plaza de Armas, fue fusilado Emilio Tapia Zapata, un campesino que asesinó de catorce puñaladas a una anciana dueña de fundo para robarle, cerca de El Palqui.
Casi un siglo más tarde , y a cuatro años de ser derogada la ley, volvieron a surgir en Ovalle voces que pedían su restauración, esto por el caso del denominado “Chacal de Punitaqui”.
El día 28 de enero de 2005, Adán del Rosario Milla Rojas , despechado por que la familia de su ex polola no aceptaba la relación, llegó de madrugada hasta una casa en Agua Amarilla, los Quiles de Punitaqui, armado con una carabina y un cuchillo y asesinó a los dos dueños de casa mientras dormían, a su ex polola Oriana Toro Contreras, 18 años , y a golpes el pequeño José Miguel Maluenda Contreras, de 2 años de edad.
Capturado en los días siguientes en Santiago, Milla Rojas, el veintitrés de enero del dos mil seis, fue condenado a la pena máxima de cuarenta años de reclusión por cuatro homicidios calificados, sentencia que cumple en la actualidad en la cárcel de Huachalalume en La Serena.
¿Merecía Adán Milla la pena de muerte? ¿O merece una segunda oportunidad, la que no tuvo el Chacal de Nahueltoro, de rehabilitarse y reincorporarse a a sociedad?
