La representante de la región de Coquimbo denunció el «lobby y una presión de algunos sectores productivos que sostienen que los derechos otorgados serán expropiados, esto es una falsedad que hace mucho daño a la búsqueda de acuerdos y a la definición de una política de Estado de Recursos Hídricos”.

La senadora Adriana Muñoz, quien preside la instancia parlamentaria sostuvo que la actual legislación no se condice  con los tiempos que estamos viviendo a nivel mundial y nacional y dijo que “la región a la cual yo represento lleva  más de 10 años de sequía. Esta ya es una situación estructural que con medidas de emergencia y de gestión del agua no podemos modificar”.

Razón por la cual reiteró la urgencia de establecer en una nueva legislación las prioridades del uso de este vital elemento “la legislación del 81 mercantiliza completamente este recurso, por lo tanto la ciudadanía queda sometida a la prioridad del mercado. No existe, tal como en otros países, un elemento central que disponga que el agua sea un derecho humano y que existan prioridades respecto a su uso”.

Agregó que “hoy estamos estableciendo que el agua tendrá un uso fundamental y prioritario para la bebida humana, uso doméstico y sanitario”.

La votación

Frente al resultado de la votación, la parlamentaria lamentó que un voto de la derecha haya sido en contra (UDI) y el otro, un abstención (RN). “Es contradictorio que la derecha públicamente señale que el consumo humano es prioritario, mientras que por otro lado, ellos no quieren avanzar en nueva legislación que pone  el centro el valor del agua como un derecho humano”.

Derechos de Agua

En relación a los derechos de agua, la representante de la región de Coquimbo enfatizó que “los antiguos derechos ya entregados nadie los toca. Aquí ha habido un lobby y una presión de algunos sectores productivos que sostienen que los derechos otorgados serán expropiados, esto es una falsedad que hace mucho daño a la búsqueda de acuerdos y a la definición de una política de Estado de Recursos Hídricos”.

A  reglón seguido señaló que “lo que se propone, es que los derechos ya otorgados van a permanecer otorgados, en propiedad privada a perpetuidad. Sin embargo se consagran normas que harán retroceder la especulación. También instaura que los nuevos derechos de agua serán entregados a concesión por 30 años cuya renovación estará supeditada al uso real del recurso”.

Cabe señalar que actualmente ya han sido entregados el 90% de los derechos de agua superficiales, quedando el 10% para entregar. El otro porcentaje que queda por entregar es el 50% de aguas subterráneas y esas son las que el Estado quiere disponer para procesos productivos.  30 años renovables, cumpliendo con las condiciones para las cuales fueron entregadas”.

Equipo OvalleHOY.cl