Juan Rodríguez Bugueño llegó en las últimas horas de la tarde del jueves hasta el sector de la ribera del río, frente a Ovalle, a buscar leña para la chimenea y de pronto fue abordado por tres sujetos armados con armas de fuego que lo amenazaron y lo golpearon en la cabeza.

Luego se marcharon llevándose el automóvil, un Toyota yaris patente ZG 4702 con rumbo desconocido.

Efectuada la denuncia de carabineros, horas más tarde fue informado que el automóvil había aparecido, pero incendiado y totalmente destruido en un camino secundario del sector El Reloj.

Lo asombroso, según nos señala un familiar del afectado que lo acompañó al lugar donde fue encontrada la máquina, es que en un trayecto de alrededor de 300 metros en el mismo sector había otros dos máquinas en similares condiciones.

Las preguntas que surgen son. ¿Por qué el robo del vehículo para después incendiarlo? ¿Se trata del mismo grupo? ¿Son para cometer otros delitos?

¿O son imitadores de ese grupo de desconocidos que en Punta Arenas en los últimos meses ha incendiado 16 vehículos, al parecer sólo para entretenerse?

Los delincuentes que armados con revólveres se apoderaron de $ 18 millones correspondientes al pago de sueldos de empresa agroindustrial ubicada en el sector El Talhuén, fueron hoy formalizados por tres delitos y permanecerán en prisión preventiva.

Fernando Javier Hurtado Vera, 28 años, Aníbal Ricardo Aguirre Carvajal, 22, Carlos Alfredo  Andrade Echeverría, 20,  comparecieron hoy en la sala 1 del Juzgado de Garantía donde fueron formalizados por los delitos de robo con violencia e intimidación, Porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, perpetrado en la tarde de ayer en los alrededores de Ovalle.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Jaime Rojas, alrededor de las 16.00 horas  los dos primeros, vistiendo ropas de la empresa Agronoble, llegaron hasta las oficinas administrativas del fundo ubicado en el sector El Talhuén haciéndose pasar por trabajadores. Ingresaron a las oficinas en las que el administrador y la jefa de finanzas preparaban los sobres para el pago de remuneraciones a los trabajadores anunciando que venían a recibir el finiquito.

Entonces extrajeron sendos revólveres con los que apuntaron a la cabeza a ambos funcionarios, obligándolos a la entrega de alrededor de $ 18 millones que ingresaron a una mochila, y se apoderaron de una cartera de la mujer, teléfonos celulares, y un computador. Luego de atarlos de pies y manos con alambres, salieron abordando un automóvil Susuki blanco, con alerones,  que los esperaba en las afueras del predio.

Su salida fue advertida por un trabajador de la empresa, que encontrando sospechosa su actitud, ingresó a la oficina encontrando a los ejecutivos amarrados. En los minutos siguientes se hizo una llamada a carabineros, entregando la descripción de los asaltantes y del vehículo en el que se movilizaban.

De inmediato Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle y de la Tenencia de Tierras Blancas desarrollaron un dispositivo conjunto para bloquear la ruta D- 43, hacia donde habrían huido los delincuentes, generándose una congestión a la altura del Kilómetros 49, sector Las Alcaparras, donde quedó ”entrampado” el vehículo de los antisociales, los que fueron aprehendidos por funcionarios de la SIP de Ovalle.

En su poder fue encontrado el dinero, las armas y otros objetos que no dejaron dudas de su participación en el hecho.

Finalmente el Juez Luis Muñoz Camaño acogió la solicitud del fiscal Rojas para declarar la prisión preventiva de los tres imputados por un periodo de 70 días, señalando que en efecto su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Refutó las “cuentas alegres” de la defensora, quien señaló en su alegato que al menos uno de los imputados podría cumplir en libertad su eventual sentencia, asegurando que atendida la gravedad de los hechos todos arriesgan una pena mínima de 10 años y un día de reclusión.
Durante la audiencia el Fiscal Rojas hizo notar la premeditación del delito afirmando que el 26 de mayo el imputado Andrade se había incorporado como trabajador de la empresa, pudiendo conocer desde el interior la fecha en la que se efectuaban los pagos a los empleados y la cantidad de dinero aproximada que habría en el lugar.