Desde el año pasado, cuando derivado del “Caso Penta” en que se investigaba a esa empresa por presuntos delitos tributarios, se detectó una forma irregular de financiamiento a la actividad política, lo que mantiene a empresarios, ex autoridades de gobierno, ex funcionarios del SII y parlamentarios formalizados o investigados por sus conductas; se intentó justificar lo ocurrido atribuyéndolo al deficiente marco regulatorio existente sobre la materia, comprometiéndose el gobierno a dictar normas estrictas que terminaran con esta delicada situación.
Al sumarse a lo anterior, la “negociación inmobiliaria irregular”, que involucraba a la nuera e hijo de la mandataria, la reacción de esta, fue disponer la creación de una Comisión Extraordinaria, para que confeccionara la agenda de probidad que permitiera recuperar la confianza en las instituciones del Estado, expresando que se actuaría con especial transparencia, ante lo cual autoridades y parlamentarios se mostraron complacidos. La presidenta del senado reconoció sin sonrojarse que en este tema, “todos en alguna oportunidad le habían torcido la nariz a la ley”, otros se justificaron mintiendo sin tapujo como ex Ministro del Interior, o como el senador Pizarro que aseguró que sus hijos que aparecen recibiendo millones por asesorías prestadas a SQM., habían actuado correctamente y que no existían documentos de ellas, porque estas habían sido efectuadas de forma verbal, por lo que existía escepticismo sobre su eficacia, más aún cuando el año 2003, durante el Gobierno del ex presidente Lagos en que se originó un fraude fiscal para pagar sobresueldos indebidos y durante el año 2006 a raíz de malversaciones de fondos en Chile-deportes, habiéndose adoptado similares fines no se había llegado, a soluciones concretas.
Se esperaba que con celeridad se implementaran medidas al conocerse este proyecto, pero el letargo en las designaciones de autoridades en remplazo de quienes abandonaron sus cargos, impiden una actuación oportuna, eficaz y veloz en este aspecto, incrementado la desconfianza en la gestión gubernamental, más aún cuando materias de primer interés que se prometió cumplir en determinados períodos, hoy se ven postergadas o en peligro de extinguirse.
Bachelet en su campaña, prometió que al final de su gobierno se habrían construido 20 nuevos hospitales, quedando 20 en etapa construcción y 20 más licitados; pero hoy, con una deuda del Minsal altamente incrementada, su ministra de salud asegura que solo podrá cumplirse el 30% y exige un presupuesto mayor para avanzar en la meta de mejorar la atención. En lo educacional se comprometió a entregar una educación de calidad y gratuita, pero el gremio de profesores y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, cuyos presidentes son miembros del PC no le facilitan la labor, por lo que la aprobación a esta reforma disminuyó de forma ostensible. .
El presidente del Colegio de Profesores, mantiene paralizado al gremio, exigiendo el retiro del proyecto de la carrera docente, para dialogar, en tanto Camila Vallejos, presidenta de la Comisión de Educación, que antes marchaba a la cabeza del estudiantado exigiendo derechos, hoy mantiene reacciones disidentes sobre las soluciones a implementar y parte de ellos que serán los futuros profesionales de este país, reflejan su antipatía en esta última semana, dedicándose a protestar mediante barricadas y destrozos de mobiliarios de sus casas de estudios superiores, que lanzan a la vía pública para crear caos. La desconfianza es alta y ello se refleja en las encuestas, por ello es aconsejable… ¡Cumplir lo prometido y escuchar la voz popular!.
Dra. Susana Verdugo Baraona.-
