Esto por los hechos ocurridos el 20 de Octubre del 2019, en las afueras del Mall Plaza La Serena, cuando una patrulla militar disparó contra grupo de personas. En el lugar falleció el joven ecuatoriano Romario Veloz y otras dos resultaron heridas de gravedad.

Luego de 3 días de formalización, la Fiscalía comunicó a un capitán de Ejército la investigación que se sigue en su calidad de imputado de los delitos de homicidio, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, en que resultaron como víctimas 3 personas.

Los hechos investigados ocurrieron el 20 de Octubre del 2019, cuando habiéndose decretado estado de excepción constitucional de emergencia en las comunas de La Serena y Coquimbo, atendido los múltiples atentados contra la propiedad pública y privada, se asignó a personal del ejército al área de Mall Plaza La Serena, entre otros lugares, para los efectos de velar por el orden público y seguridad del sector.

Según se investiga, en este contexto a las 18:05 horas aproximadamente, mientras se desarrollaba una marcha de manifestantes que transitaba por la ruta Cinco Norte hacia calle Amunátegui, algunas tiendas del Mall Plaza La Serena trataron de ser saqueadas por parte de un grupo de descolgados de la manifestación. Atendido lo anterior, a fin de restablecer el orden público quebrantado, el imputado ordenó la concurrencia al lugar de la Segunda Sección de la UFE 1, compuesta por a lo menos 25 militares (9 funcionarios de planta y 16 conscriptos) distribuidos en 4 escuadras, conformadas a su vez por un jefe de patrulla y un comandante de escuadra pertenecientes al personal de planta del Ejército y 6 o 7 conscriptos que se encontraban realizando el servicio militar.

Para efectos de cumplir las labores de orden público, en horas de esa mañana, se entregó a cada militar un fusil de guerra marca SIG calibre 7,62. Posteriormente, en horas de la tarde se instruyó el reemplazo de este fusil por el fusil de guerra marca GALIL, calibre 5,56, reemplazo que se materializó por  2 de las 4 escuadras señaladas.

Los fusiles de guerra utilizados en este despliegue no fueron amunicionados homogéneamente, en relación al número de municiones de guerra y fogueo que mantenía cada arma.

Aproximadamente a las 18.08 horas, los militares del Ejército de Chile ordenados en 4 escuadras, llegaron al sector de tiendas Falabella de Mall Plaza La Serena, ubicada en la intersección de la calle Alberto Solari y Huanhualí, desplegándose en línea o cadena  tiradores, en dirección oriente a poniente, abarcando esta línea desplegada desde la calle Alberto Solari  hasta la ruta Cinco Norte, comenzando, por orden del imputado, el avance en dirección al norte.

Ante la presencia militar, los saqueadores abandonaron su acción, huyendo hacia el norte en dirección a calle Amunátegui.

Sin perjuicio del restablecimiento del orden público, el imputado ordenaría el avance de la línea, posteriormente instruiría detenerse y poner el fusil de guerra y dar la orden de fuego.

Frente a la pluralidad de interpretaciones de la orden de fuego y la falta de uniformidad en el números de balas de guerra y de fogueo que mantenía cada fusil, se produjo una cadencia de disparos que duró aproximadamente un minuto  en que hubo percusión de balas no sólo de fogueo sino además de munición de guerra.

Dos personas resultaron heridas de gravedad, mientras que un tercero, el joven ecuatoriano, Romario Veloz), pese a los auxilios entregados, falleció a consecuencia de los disparos.

Tras la formalización, el Juez de Garantía Roberto Gaona, concedió la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. “La solicitud del Ministerio Público tiene como principal sustento que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Se hizo mención a los parámetros de la ley en cuanto a la cantidad de delitos imputados, la forma de comisión de los mismos, su carácter y las posibles penas”, dijo el fiscal adjunto, Germán Calquín.

En cuanto a la formalización por estos delitos, la abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional, María Eugenia Bustos, explicó que “al imputado se le atribuye el carácter de autor mediato. Los subordinados a su mando ejecutaron la voluntad a su mando. Si bien él no dispara, es su voluntad la que se materializa con los disparos indiscriminados no a un grupo focalizado sino muy por el contrario a una masa heterogénea donde estaban personas de la tercera edad, niños y jóvenes que no formaban parte de actividad ilícita alguna”, dijo.

EXTENSA INVESTIGACIÓN

El Fiscal Regional, Adrián Vega, explicó que la presente investigación tiene una larga data y que reunió varios medios de prueba. “En un principio estuvo el sitio del suceso, fotografías y recuperación de videos. A lo largo del año pasado y principios de éste, antes de la Pandemia, tomamos cerca de 30 testimonios a personal militar, civil y otros, que dieron cuenta debida de los hechos. (Contamos) una serie de documentos del capitán al mando, que a juicio de la Fiscalía, fueron incumplidos y que fue acogido por el tribunal en el sentido de no considerar las reglas del uso de la fuerza ni la necesidad racional del medio empleado”, dijo.

En adelante, la Fiscalía espera seguir reuniendo más antecedentes “y estamos trabajando en autores materiales y así cerrar el círculo de los autores directos o indirectos”, dijo.

Añadió además que “es una tarea difícil, titánica porque existían más de 30 personas militares con fusiles”, dijo.

Finalmente, el juez de garantía concedió 4 meses de plazo de investigación.