Es absolutamente necesario que les exijamos a nuestras autoridades actuar informadamente, que velen por los intereses de las mayorías y no por la de sus grupitos de amigos o simpatizantes de turno
Hace unos días, nos enteramos que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria a cargo de la ruta D-43, llegaron a un importante acuerdo respecto al alza en el valor del peaje que comenzaría a regir a partir del 01 de enero del año en curso ($500), pues el Seremi de Obras Públicas Pablo Herman, comunicó que la concesionaria abría accedido a congelar el alza en el cobro del peaje que estaba previsto y que aplicarían a la fórmula de cobro, sólo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), quedando por lo tanto, el cobro final en $2.600, es decir se aumentaría en $50 y no en $500.
Es loable recordar que el fuerte incremento en el valor del peaje, se debió a la solicitud de obras complementarias que tuvo que ejecutar la concesionaria y que hicieron encarecer de sobremanera el costo del proyecto, obras que fueron a petición de la anterior administración del Estado, es decir, que se negociaron bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet, dándole un amplio margen de ganancias a los inversionistas de éste proyecto.
Si bien es cierto que se requiere de un gran capital para poder invertir en un proyecto así, no es menos cierto que resulta ser un negocio redondo, pues el retorno está más que asegurado y con grandes utilidades. De hecho, me parece un tanto curioso que por ejemplo, cuando se generan largas filas por la alta congestión vehicular, los precios de las autopistas o de algunos peajes del país, en vez de disminuir el valor que cobran por pórtico o por “pasada”, aumenten su valor; siendo que no están cumpliendo con los estándares de rapidez que ofrecen, sino todo lo contrario muchas veces nos vemos detenidos a la espera de poder seguir avanzado.
Este ejemplo en particular no aplica al peaje que existe entre Ovalle – La Serena y Coquimbo, pero me parece que es algo que debemos reflexionar.
De hecho, si analizamos fríamente ésta situación, se podría plantear que es justo y legítimo que si una persona o una empresa invierte en un negocio, tenga derecho a percibir utilidades de éste, pero nunca debiese olvidarse, que esas utilidades no debiesen provenir del “trasquilamiento” de las personas honestas y trabajadoras, no se deberían permitirse abusar del prójimo por muy “carta blanca” que les dé el sistema (por los contratos que los respaldan) y con esto me viene a la memoria un artículo que leí donde un académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH, don Juan Pedro Sepúlveda dijera: “Producto del mismo contrato se define la forma de reajustar los precios de los peajes. No cometen ninguna ilegalidad. Ellos podrían no subirlo al máximo que les permite el contrato, pero hoy lo están haciendo en los casos particulares que hemos visto.”.
El tema parece bastante claro al respecto, pues esto no sólo pasaría por el valor de la inversión inicial que se requiere para ejecutar la obra, sino por voluntades, conocimiento y probidad a la hora de celebrar los contratos sus actores, puesto que si ellos, los llamados a velar por los intereses de la ciudadanía no lo hacen, no se involucran en querer hacer las cosas bien, carecen de ese pensamiento crítico que les permita visualizar su cumplimiento real y sostenido en el tiempo estamos muy mal.
Es absolutamente necesario que les exijamos a nuestras autoridades actuar informadamente, que velen por los intereses de las mayorías y no por la de sus grupitos de amigos o simpatizantes de turno y que estas actuaciones se enmarquen siempre en que es justo y correcto, pues si es así, no requerirá que se adapte a ningún Gobierno, ni al más votado, ni al más popular.
Por Susana Verdugo Baraona.
