La investigación da cuenta por ahora que 4 funcionarios policiales a la fecha de los hechos, habrían causado lesiones y tratos degradantes a una persona que estaba herida de bala. Se espera que además se formalice próximamente a un capitán por homicidio frustrado.

La Fiscalía de Ovalle formalizó investigación a 4 funcionarios de carabineros, en una causa que se investiga por apremios ilegítimos contra una persona ocurridos en la noche del 19 de octubre de 2019

En la audiencia de formalización, la fiscal de Ovalle Rocío Valdivia, relató que en aquella ocasión y en circunstancias que se desarrollaban graves desmanes en las inmediaciones de la Tercera Comisaría de Carabineros en Ovalle, un oficial de carabineros, el capitán Hugo Navarro Corvalán, habría reducido a una persona disparándole con su arma de servicio.

Esta víctima, Benjamín Max Huerta Escobar, estudiante de educación superior, había sufrido un disparo en la zona inguinal, “que le provoca una fractura de pubis, herida de carácter homicida y que provocaría la muerte de no tener socorro oportuno”, dijo la fiscal Valdivia, quien agregó que posteriormente otros uniformados lo habrían tomado para ingresarlo a la comisaría y dejarlo herido en el piso del calabozo. 

En ese procedimiento la víctima habría sufrido golpes de puño y pie en distintas partes del cuerpo, tirones de pelo y otros apremios ya en el interior del recinto, en la zona de ingreso a los calabozos “lugar en el cual hay otros dos funcionarios, uno de los cuales omite cualquier tipo de participación y en el fondo se le imputa la participación por omisión”, dijo la fiscal, quien agregó que incluso cuando se le prestaba atención a su estado, le habrían tomado fotografías.  

Los funcionarios J. G. B. V. C. V. C. H., y A.C. G. A., fueron formalizados por apremios ilegítimos y se fijaron 180 días de plazo para la investigación.

El Juzgado de Garantía ordenó medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas a los imputados, quienes corresponden a un capitán, dos sargentos y un cabo a la fecha de los hechos.

“Tenemos declaraciones de testigos, de la víctima, antecedentes médicos del servicio médico legal, grabaciones de las cámaras de seguridad del sector, de las cámaras de la tercera comisaría y hay una grabación efectuada por un civil que da cuenta de los hechos”, añadió la fiscal Valdivia.

Formalización pendiente

La fiscal precisó que si bien se esperaba formalizar a otro capitán de carabineros, Hugo Navarro Corvalán, por el disparo contra la víctima, y por el delito de homicidio frustrado, aquello no se efectuó ya que el imputado presentó una licencia médica.

Se fijó nueva fecha para el 5 de marzo de formalización por estos hechos.

A pocos días de ocurridos estos hechos la madre del joven estudiante, Karen Escobar, accedió a conversar con OvalleHOY y contó que el estudiante no había participado en las manifestaciones.

«El Benja, estuvo en clases durante la mañana en La Serena y llegó a las 19 horas mas o menos a Ovalle. El salió aproximadamente las 20:30 horas de ayer (sábado) desde la casa de mi mamá, en la Población El Molino, donde celebramos los 4 años de uno de los primos menores, para ir a buscar a su polola, quien bajaba de la la Población José Tomás Ovalle para encontrarse con él» y asistir al festejo familiar.

«Cuando Benjamín subía por calle Ariztía – cuenta su madre – observó que una persona apuntaba en la cabeza a otra y, de manera seguramente impulsiva, le reclama que cómo hacía eso, que podría matarlo. En esos momentos, la persona que está siendo apuntada se escabulló y el sujeto que le apuntaba, le disparó un tiro a mi hijo, que no se ve en el video. Luego lo agarró y lo intentó reducir. En ese forcejeo, lo tomó de sus ropas y de repente, le disparó a quemarropa en una pierna”.

En el video que circula en redes sociales se observó además que el funcionario policial apunta y dispara en dirección al lugar donde eran grabadas las imágenes, afortunadamente sin herir a nadie.

Por Equipo OvalleHOY.cl

El imputado no concurrió a la audiencia programada en la sala 1 del Juzgado de garantía de Ovalle, supuestamente por no haber sido notificado previamente.

R.A.C.F. en la madrugada del 19 de marzo del 2016 conducía por la ruta D-55, en dirección a Sotaquí,  el automóvil Kía modelo cerato color blanco patente WV-9563, y al llegar al puente Las Palmas, pasado Los Peñones, redujo la velocidad para no impactar a un grupo de peatones que caminaba por la ruta. Fue entonces que apareció un segundo vehículo, un automóvil Nissan modelo V-16 que circulaba en la misma dirección quien no habría advertido la maniobra e intentó hacer un adelantamiento, impactado al otro vehiculo y pasando a llevar al grupo de jóvenes.

Como consecuencia de lo anterior  resultaron fallecidos Leonardo Betancourt González y Maria Sol Garramone, resultando otras personas con distintas lesiones.

Esta semana, después de 4 años, uno de los conductores involucrados, R.A. C. F. sería finalmente formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones. Y no obstante se presentaron en la sala, cuatro de las victimas sobrevivientes, los que viajaron desde la Región Metropolitana, no lo hizo el imputado, presuntamente por no haber podido ser ubicado para su notificación.

El magistrado Darío Diaz Peñaylillo dispuso la notificación en un nuevo domicilio aportado por la Fiscalía, y programó una nueva audiencia para el 3 de marzo próximo a las 10.00 horas.

Hizo notar asimismo a las victimas asistentes a la audiencia, que no era necesaria su comparecencia para aquella oportunidad.

Los afectados correspondían a un grupo de amigos mochileros que se dedican a realizar muestras musicales en los lugares donde se encontraban, y esa madrugada caminaban por la ruta D- 55 con sus pertenencias en un carro de supermercado.

El juicio Oral que en principio estaba programado hasta hoy jueves, en definitiva concluyó ayer en la mañana con la sentencia condenatoria para el acusado.

Los hechos de la acusación se remontan al 12 de Julio del año pasado en la avenida Caupolicán, frente a la Plaza de Armas de esa ciudad cuando alrededor de  las 12:15 horas, el acusado Diego Andrés Huerta Carvajal, se aproximó a la víctima Fabián Andrés Díaz Ortiz, quien se encontraba allí junto a otras dos personas. Entonces extrajo desde sus vestimentas un revolver, con el que apuntó a este y apretando el gatillo, sin que el arma se percutara.

La víctima reaccionó y comenzó a forcejear con el acusado para tratar de quitarle el arma, pero durante el forcejeo el acusado volvió a disparar el arma y esta vez el proyectil si salió, provocándole un hemitórax, lesión que pudo haber resultado mortal sin los socorros oportunos y eficaces.

 A juicio de la fiscalía, los hechos antes descritos calificaban jurídicamente como homicidio frustrado y solicitando se condene al acusado a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

Luego de los alegatos de clausura del juicio , en las últimas horas de la mañana de ayer los tres magistrados arribaron a una decisión unánime condenatoria.

La audiencia de lectura de la sentencia está programada para el lunes 17 de este mes a las 13. 30 horas en la misma sala del Tribunal Oral en lo Penal.

Juan Carlos Tapia en el año 2013 fue condenado por el delito de manejo en estado de ebriedad, oportunidad en la que se le prohibió el desempeño de sus labores en el Municipio y se le retiró la licencia de conducir.

No obstante lo anterior, Tapia, durante el mes de julio y agosto del mismo año, asistió  a sesiones del concejo comunal estableciéndose así el quebrantamiento de condena.Y asimismo fue sorprendido conduciendo un vehículo con la licencia retenida.

El pasado viernes 7 de este mes, sobre la base de estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de Combarbalá resolvió condenarlo por dos cargos distintos, cada uno de 41 días.

En el primero de ellos fue condenado como autor de un delito de quebrantamiento de condena a raíz de la conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad durante el año 2013, suspendiéndolo por 41 días de su cargo público.

En el segundo, por el delito de conducción de vehículo motorizado con sanción vigente (licencia de conducir suspendida) también fue sentenciado con 41 días de suspensión de su cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Al respecto, la Municipalidad de Combarbalá , en declaración pública, manifestó  “su estricto apego al estado de derecho y a las leyes que rigen nuestro país, señalando que nadie, ni menos las autoridades locales están sobre la ley. Lamenta la situación en la que se ve involucrado el concejal de la comuna, pero señala que el cuerpo colegiado presidido por el alcalde de la comuna, no avalará conductas  o situaciones reñidas con la ley apoyando plenamente el ejercicio y jurisprudencia de los Tribunal de Justicia, más aún cuando esta sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones”.

Por su parte el diario El Combarbalito intentó comunicarse con el concejal sancionado que se limitó a señalar: “Yo ya oficié a la secretaria municipal de este hecho y por qué no asistiré a los próximas reuniones del concejo comunal”, agregando que interpuso un recurso de queja en la Corte Suprema el que se encuentra en trámite… “Una vez que esto finalice daré la entrevista”.