Chile está atravesando una crisis política, en la que algunos sectores y partidos políticos en especial el Partido Comunista y el Frente Amplio, se organizaron para promover la falsa idea de que en nuestra actual Constitución se encontraría el origen de todos los males de la Nación y que para poder resolverlos, sería indispensable eliminar nuestra Carta Magna actual.
Estos
han tratado de “camuflar” lo que ellos querían hacer si hubiesen sido Gobierno,
que es la asamblea constituyente y cambiar de plano nuestra Carta Magna con las
demandas ciudadanas, como si cambiar nuestra Constitución solucionara todos los
problemas y fuera casi una lista de deseos. Nuestra Constitución, es un
instrumento que sirve precisamente para proteger y defender las libertades de
las personas frente al poder del Estado entre otras cosas. El querer introducir
éste cambio, al cual la ciudadanía le dijo NO por amplia mayoría en las
elecciones del 17 de diciembre del 2017, dándose una diferencia de 9% entre los
candidatos, es de una mezquindad política inmensurable.
Resulta
curioso que la actual oposición, diga que la Constitución es antidemocrática, cuando
fueron ellos el 17 de septiembre de 2005, quienes hicieron ecos de las
siguientes palabras pronunciadas por el entonces Presidente Ricardo Lagos al
decir que “Este es un día muy grande para
Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución
democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile; es
nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y
a la fuerza de nuestro entendimiento nacional”; por lo que resulta difícil
entender que después de un poco más de 10 años se escuchen discursos totalmente
distintos de quienes fueran Ministros del Presidente Lagos, el día de hoy como
por ejemplo el de Mario Fernández al decir que “casi todos los problemas que se viven diariamente tienen que ver con la
Constitución”, mientras que Eyzaguirre señalara que: “el tipo de pan, de techo y de abrigo y a quien le llega, depende del
marco constitucional”, última declaración que me parece francamente además
de aberrante de una irresponsabilidad suprema.
Nuestra
Carta Magna ha sido modificada desde sus orígenes no sólo el año 2005, que es
quizás el más recordado por el despliegue mediático que tuvo por aquellos años,
sino que se le han realizado importantes reformas a lo largo de éstas 3
décadas, modificándose en el año 1989, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1999,
2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012. Lo que ocurre que la
modificación del año 2005 como dije anteriormente es la más recordada no sólo
por su despliegue mediático; sino porque por ejemplo disminuyó el período
presidencial de 6 a 4 años, eliminó a los Senadores vitalicios y designados,
aumentó las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, se le entregó
al Tribunal Constitucional la resolución del recurso de inaplicabilidad, entre
otras cosas.
La
Constitución no es una lista de deseos, es un cuerpo legal serio, que vela por
las libertades de todos nosotros y nos protege de los posibles abusos del
Estado, el querer cambiarla por ejemplo por el conflicto que se ha generado por
los sueldos de los Ministros y altos cargos públicos, aquí la Constitución no
tiene nada que ver, pues esto está regulado por el Decreto N°249/1974 y por la
Ley anual de presupuesto y para modificar o reducir los salarios de ellos no es
necesario una nueva Carta Magna, sino sólo voluntad política por parte del
Congreso para la reducción de las diferentes dietas.
Misma
situación que ocurre con el actual sistema de pensiones, pues éstas no están en
la Constitución, sino en el Decreto de Ley N°3.500 y si lo que se busca es una
reforma, una mejora o un cambio al sistema de pensiones que dicho sea de paso
es necesario, sólo se requiere la voluntad política tanto del Presidente de la
República para que haga y envíe un proyecto de Ley al Congreso y que éste
último lo apruebe para generar éste cambio; por lo que tampoco se necesitaría
cambiar la actual Constitución.
Igual
escenario es la que ocurre con el actual sistema conformado por Fonasa y las
Isapres, pues están reguladas por Ley, por la Ley N°18.933 y no por la Carta
Magna, así que de querer reformar, mejorar o cambiar el sistema no es necesario
como lo he dicho anteriormente desechar nuestra actual Constitución y para
iniciar un proceso de reformas de este orden, se puede hacer mediante potestad
del Presidente de la República o mediante Ley.
Idéntico
contexto es la que ocurre con los precios de los medicamentos, pues es falso
que la única manera de regular su precio, sea por la vía de una nueva
Constitución, ya que las farmacias, droguerías, botiquines, almacenes
farmacéuticos, depósitos autorizados, entre otros, están regulados por el
Decreto 466 de 1985 y los medicamentos se encuentra regulados en el Código
Sanitario otro cuerpo legal distinto de la Constitución, por lo que el afirmar
algo distinto es engañar a las personas.
Misma
realidad ocurre cuando se quiere habar respecto tanto al sistema de trasporte,
como a los servicios eléctricos, éstos tampoco están regulados en nuestra
Constitución, sino en las Leyes N° 20.378 y 20.936 respectivamente. Así las
cosas, podría estar latamente refiriéndome a las diferentes demandas ciudadanas
legítimas en fondo pero no en la forma en que se han llevado a cabo y
despejando las mentiras que se han tratado de impulsar, a través de las
demandas sociales al intentar introducir aspiraciones propias de partidos que a
éstas alturas son prácticamente antidemocráticos, porque no respetan lo que se
eligió democráticamente por la mayoría, llamando a la “desobediencia civil” y
que en definitiva, no velan por los intereses de los que dice representar, no
nos mientan más, seamos justos y trasparentes, Chile quiere y necesita paz.
Susana Verdugo Baraona
