Afirman que durante el fin de semana fue cambiado “arbitrariamente” su paradero en la Alameda Ariztía, asegurando que empresarios de la competencia conocían el decreto antes de que ellos fueran notificados oficialmente.

En un comunicado hecho llegar a los medios de comunicación representantes de la empresa Cortés Flores explican que los hechos “se remontan al pasado domingo 20 de noviembre, cuando inspectores municipales junto a Carabineros llegaron hasta el paradero que había conseguido la empresa en Ariztía Oriente con pasaje Federico Alfonso (Decreto N° 7.777 del 27 de septiembre de 2016), para desplazarlo (sacando el letrero) hasta el sector de la Alameda, entre calles Benavente y Antonio Tirado (Decreto N° 8.140 del 24 de octubre de 2016, curiosamente un día después de las elecciones municipales)”.

Añaden en el texto que lo que más les llamó la atención fue que, antes que ellos tomaran conocimiento,  el dueño de la empresa de la competencia “Cormar Bus”, Guillermo Araya, ya contaba con una copia del decreto que informaba del cambio de parada.

“Para el Gerente de Operaciones de buses “Cortés Flores”, Patricio Aguilera, existe preocupación ante la actitud que han mostrado autoridades locales como el Alcalde Claudio Rentería, y el Director de Tránsito, Patricio Maurín, pues hemos sido víctimas de permanente persecución, incluso habiendo realizado los trámites correspondientes para contar con un paradero, habilitando una agencia en el sector y, de esta forma, brindar un mejor servicio a la comunidad”.

“Estudiamos junto a nuestros abogados tomar acciones legales por esta decisión que nos parece antojadiza y arbitraria por parte de la entidad consistorial. Analizamos incluso interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la Serena”, agregó Aguilera.

LOS MOTIVOS DEL TRASLADO

El decreto mencionado en el texto que anuncia el traslado, explica que “debido a la permanente congestión vehicular que se produce en la avenida Ariztía Oriente, en el tramo comprendido entre las calle Benavente y Maestranza; especialmente por los vehículos de locomoción colectiva rural, por efectos de las detenciones que existen en ese lugar, para tomar y dejar pasajeros, se ha decidido trasladar esta última y evitar así atochamientos y conflictos en el ordenado uso de las vías”.

Añade que , atendiendo lo anterior, la detención de la empresa de buses Cortés Flores se traslada desde Ariztía Oriente frente al 258 (entre Benavente y Maestranza), se desplaza a la misma avenida en el tramo comprendido entre las calle Benavente y Antonio Tirado, costado derecho, en un espacio de 15 metros disponible para un solo bus.

Recordemos que el pasado 17 de octubre la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por la empresa Cortés Flores en contra de la prefectura de Carabineros Limarí-Choapa, por supuestas conductas discriminatorias de la policía uniformada que impedirían el normal desarrollo del servicio de trasporte rural de pasajeros entre Ovalle, La Serena y Coquimbo, a partir de julio pasado.

En fallo unánime la Segunda Sala del tribunal de alzada  –integrada por los ministros Juan Pedro Shertzer, Humberto Mondaca y la abogada (i) Marcela Viveros- desestimó la acción cautelar entablada por la empresa de transporte de pasajeros por no formarse convicción de la existencia de los actos denunciados.

Los hechos denunciados eran los de escoltar a los buses de la empresa, desde el terminal de buses interurbanos de Ovalle hasta la salida de la ciudad, obligándolos en todo momento a no detenerse, impidiéndoles a los choferes tomar pasajeros en las paradas autorizadas. Amenazar con partes a los choferes, sin que previamente se le hubieren constatado e informado, a dichos trabajadores, infracción de tránsito alguna. E impedir que personas discapacitadas -que son atendidas en el centro Teletón de la ciudad de Coquimbo- pudieran abordar los buses en la Avenida Ariztía (Alameda) de la ciudad de Ovalle, a quienes se les proporciona gratuitamente su traslado al centro médico de rehabilitación”.

El imputado, prevensionista de riesgos de la Región Metropolitana, se presentó voluntariamente hoy en el Juzgado de Garantía de Ovalle, pero aunque fue acogida la formalización,  los argumentos del Ministerio Público no fueron suficientes para  convencer al Magistrado de la necesidad de prisión preventiva.

El homicidio ocurrió en las últimas horas de la madrugada del 16 de mayo del año pasado cuando en las afueras de un inmueble en la intersección de Avenida Las Palmas con el pasaje Regidor Vicente Aguirre, en la población Capitán Ávalos, parte alta de Ovalle fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Carlos Mundaca Carvajal, de 32 años, sin que desde entonces hubiera existido información de la investigación y del autor de la agresión.

Hasta la mañana de hoy cuando en la sala 2 del Juzgado de Garantía de Ovalle , acompañado del defensor privado, abogado Carlos Silva, compareció F.A.S.A. , prevensionista de riesgos de 33 años con domicilio en San José de Maipo, Región Metropolitana,quien fue formalizado por su presunta participación en el homicidio.

Según la exposición del Fiscal Herberth Rohde, el imputado habría discutido con la víctima para cobrarle una mochila de su propiedad y luego le habría propinado tres puñaladas en el sector del tórax, una de las que le causó la muerte. La agresión habría sido escuchada por una vecina de la calle Efraín Zepeda, la que al asomarse vio a un sujeto desconocido, con un cuchillo en una de sus manos, inclinado sobre otro al que conocía como el “Gordo” que estaba tendido ensangrentado en el suelo, mientras le preguntaba: “Huevón, ¿donde dejaste la mochila?”. Fue al interior a avisar a su marido para llamar a Carabineros y al regresar a la ventana, vio al sujeto que arrastraba al Gordo por los pies en dirección a la avenida Las Palmas, donde los perdió de vista.
Momentos mas tarde fue encontrado el cuerpo ya sin vida en la esquina de Vicente Aguirre y la avenida Las Palmas.

Otro testigo, mas tarde, al ser interrogado por la policía, recordó el diálogo que había sostenido con un tercer sujeto al que sólo identifica como el ”flaco”, quien le contó que con el Gordo habían estado vacilando a un “loco de Santiago” porque habían “movilizado” una mochila para esconderla entre unos montes de los alrededores.

Un tercer testigo, trabajador de Enami, refirió que cuando esperaba el bus que lo llevaría a su trabajo, fue abordado por un sujeto desconocido, que le preguntó si había visto al “flaco” ,y que parecía estar buscando algo por las casas y los montes. A él, explicó,  le llamó la atención porque en un momento creyó que entraría a su casa.

Efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones horas después encontraron bajo la cama de Juan Carlos Mundaca (el Gordo”) una mochila con prendas que no eran suyas.

Una de estas prendas, una polera estampada de una empresa minera , comenzó a dar una pista para ubicar a una persona que (según informes de testigos) en esos momentos trabajaba en la empresa que construía el Casino de Juegos de Ovalle. Esa persona, en definitiva, resultó ser F.A.S.A .

Presentado un set de fotografías a las dos personas que habían observado  al desconocido en el lugar de los hechos, la vecina de la calle  Efraín Zepeda reconoció al imputado sin vacilar (“incluso se puso a llorar cuando vio la fotografía”, dijo el fiscal Rohde), mientras que el trabajador de Enami, reconoció a dos de los diez del muestrario, entre estos al imputado.

El fiscal sin embargo reconoció que el ADN del imputado no pudo ser encontrado en las prendas de vestir ubicadas en la mochila, por lo que no se ha podido establecer si estas correspondían a él o a otra persona.

El persecutor finalmente solicitó al tribunal la medida cautelar de prisión preventiva por constituir el imputado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sin embargo el defensor Carlos Silva en su intervención hizo una serie de preguntas que sembraron la duda en el magistrado. Empezando por la calidad de los retratos hablados confeccionados por peritos de la PDI. ¿Qué pasó con el “flaco”, el tercer involucrado cuya identidad aún se desconoce? ¿Por qué la Policía no hizo esfuerzos por ubicarlo? ¿Cuántos fueron los agresores, porque las lesiones señalarían dos armas distintas?. Esgrimió asimismo la irreprochable conducta anterior de su defendido y el hecho que se presentara voluntariamente ante el tribunal.

Finalmente el juez Luis Muñoz Caamaño rechazó la medida cautelar de prisión preventiva, sustituyéndola por arresto domiciliario nocturno para el imputado durante los 90 días que se prolongue la investigación, y la prohibición de salir del país.

La audiencia de cierre de la investigación quedó programada para el 20 de febrero del 2017 en la mañana.