Es sorprendente leer en los medios que, por un lado, se habla de certeza en la concreción del corredor bioceánico de parte del Diputado Núñez, alineándose con una sola alternativa, siendo que en el mismo comentario manifiesta: “durante décadas se ha transformado en una suerte de mito. Con anuncios de acá y allá de un mejor destino, pero hoy se impone como una histórica oportunidad”. (Diario El Día, Diciembre de 2015).

Tal vez surgieron las dudas de que el nuevo gobierno argentino le quite prioridad por muchos años a esta ruta de Agua Negra, no solo porque es muy cara su implementación, baja rentabilidad, mucha altura e igual se cerrara por largos periodos como Los Libertadores. Ante este escenario, y debido a que necesitan salir luego con su producción, más ahora que se bajó el impuesto a las exportaciones agrícolas argentinas, beneficiando al sector que durante muchos años los gobiernos populistas de la misma tendencia de la Provincia de San Juan los tuvieron afectados por medio del atraso cambiario y la falta de competitividad, por ende, ellos, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, y Mendoza, entre otros, que pertenecen a las más altas tasas de productividad en Argentina están muy entusiasmados y por ello es probable que miren con otros ojos las posibilidades de sacar su producción y como buenos empresarios buscarán los menores costos, menor tiempo  y alta rentabilidad, situación que no ocurre con el complejo del Valle de Elqui y, por ello, se aventura a proponer grupos de trabajo e insistir en “impulsar el corredor bioceánico como política de Estado”(Ídem. Artículo citado). En este punto estamos de acuerdo, pero no puede cerrar el potencial desarrollo de la Región de Coquimbo a una sola  alternativa, siendo que existen otras posibilidades reales, como ser, el Paso Fronterizo “La Chapetona” por la Provincia del Limarí, que puede implementar tres rutas, ya que es un boquerón hecho por la naturaleza, a bajo costo, de implementación rápida, con la oportunidad de dirigirse a varios puertos, es de uso cotidiano, no afecta mayormente el medio ambiente y lo más importante No requiere túnel.

Además, nos parece extraño que no conozca los esfuerzos desplegados por la Unión Astronómica Internacional y la Asociación Internacional de Cielos Oscuros que están buscando convertir los cielos del Valle de Elqui en un Santuario Internacional de Cielos Oscuros “Gabriela Mistral” en el mundo, cuyo fin es protegerlos de la contaminación lumínica y, por la información que se conoce, en estos días hay un grupo de expertos visitando el lugar (cuyas acciones se vienen trabajando desde el 2008). Recordemos que Chile está con un 50% de toda la capacidad de observación del planeta y se espera que para el 2020 llegue al 70%, de allí que se busca evitar la emisión de luz hacia el cielo. Al respecto, el ministro de energía lo ratificó, diciendo que “toda luminaria nueva que se instale en esas tres regiones debe cumplir con esta norma, cuyo objetivo es proteger la calidad de los cielos para la observación”(Diario La Tercera, 13 diciembre 2015).

Ante esto nos preguntamos: ¿el proyecto Agua Negra ha considerado los perjuicios que provocaría a la observación astronómica?, ¿los haces de los focos de los vehículos al subir o bajar hacia el túnel dañarían la observación?, ¿la iluminación del sector del Túnel y el mantener aireado el mismo no afectará el desarrollo de la investigación?, ¿no dañará las características únicas que poseen los cielos en cuanto a atmosferas limpias y secas más zonas de gran altitud y oscuridad?

Históricamente la gente más antigua (del valle del Choapa y Limari como don Gil Rogelio Alaniz, Joelio Olivares, Ulises Araya y Héctor Torres y tantos otros), han utilizado los Pasos fronterizos y también han estado por el desarrollo integral de la región y no por parcialidades.

OCTAVIO ÁLVAREZ CAMPOS
PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA
COQUIMBO

El Tribunal Constitucional en uso de sus facultades, declaró admisible el reclamo presentado por 31 diputados de oposición, contra la norma constituida en la glosa de gratuidad de la ley de presupuesto 2016, por considerarla inconstitucional, discriminatoria y arbitraria; basándose en el artículo 19 n°2 de nuestra Constitución entre otras normas legales.

La decisión del Tribunal Constitucional era predecible, incluso esta había sido advertida al Gobierno por sus partidarios y especialistas dada la jurisprudencia actual. Por tanto, seamos claros, este Gobierno es el único responsable de las demoras, inconvenientes e incertidumbres que provoca la presente situación en los estudiantes.

La propuesta de gratuidad para el año 2016 aprobada por el parlamento, consideraba como beneficiarios a todos los estudiantes pertenecientes al 50% más vulnerable de la población y que además estos optaran por asistir sólo a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, sin importarles la calidad de estos recintos; sino que solamente, el centro de estudio elegido por ellos estuviese dentro del Consejo de Rectores, por lo tanto, frente a dichas exigencias, se dejaba afuera de los beneficios a la gran mayoría de los estudiantes con igual o inferior condición socioeconómica, por el sólo hecho de no pertenecer u optar a dichas universidades. Además, esto también afectaría a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales de concretarse puesto que correrían con la misma suerte de las entidades académicas no pertenecientes al Consejo de Rectores; esto a todas luces es una condición discriminatoria, arbitraria y caprichosa de este Gobierno, que de llevarse a cabo vulneraría el principio de igualdad ante la ley; demostrando una vez más su alto nivel de improvisación, mala gestión y falta de ideas en las políticas públicas del país.

Afortunadamente, tras reclamo presentado por los diputados de oposición y la admisión de esta por parte del Tribunal Constitucional, los grandes ganadores son los estudiantes más vulnerables de nuestro país, que una vez más estaban siendo discriminados arbitrariamente. Con esto se hace posible que más de 250 mil alumnos puedan obtener beneficios adicionales; es más, si se reasignaran los recursos destinados a la compra de la infraestructura de los colegios particulares subvencionados estimada en más de 400 millones de dólares, se lograría financiar a 315 mil estudiantes del 50% más vulnerable.

La resolución del Tribunal Constitucional, es relevante y constituye un precedente valioso para definir que el Estado no debe ni puede, discriminar la asignación de recursos públicos y que así, estos estudiantes vulnerables reciban igual trato en función de su condición económica, independiente de la institución en que estudien; de lo contrario, le estaríamos atentando su derecho a la libre elección.

Desgraciadamente, estamos frente a un Gobierno discriminatorio que sólo por razones ideológicas ampara a algunas instituciones en vez de buscar un proyecto de consenso que establezca estándares de calidad y sin discriminación de ningún tipo. Es por ello, que me parece inaceptable que el actual Gobierno, único responsable de la situación, producto de su incapacidad y errores, pretenda como siempre endosarle la responsabilidad a otros, más aún cuando este es uno de los proyectos estrella de Michelle Bachelet y que con todo el tiempo transcurrido no exista claridad de cómo se va a implementar lo que por razones lógicas, genera frustración e incertidumbre en la población.

Dra. Susana Verdugo Baraona