En la mañana de hoy en la sala 2 del juzgado de garantía de Ovalle fue celebrada la primera audiencia por el delito de injurias y calumnias en contra de Carlos Bonilla Castillo presidente de la comunidad de aguas canal Alfaro, comuna de Monte Patria.

A la salida del tribunal el dirigente explicó que hace unos meses hizo en nombre de la comunidad de aguas del canal Alfaro, y de las otras cinco comunidades : canal Guindo, Carrizalito, Loma, Alfaro y Canal Viña,  una presentación ante la Dirección General de Aguas  por un sondaje en la cuenca del río Mostazal,–por trabajos que la empresa CONTRACAR  habría realizado en el lecho del río Colliguay Alto, lo que podría tener como consecuencia – como ha ocurrido en otros sectores de la región – de dejar sin abastecimiento de agua   a alrededor de cinco comunidades de agua del sector.

En su opinión, si ese pozo es construido, “se verán afectadas alrededor de 120 familias por el hecho de que si llegara a alumbrar agua el pozo nos quedaríamos prácticamente en la sequedad, yo siempre he dicho. Tanto para la bebida como para los pequeños huertos,  y si se termina el agua, nos vamos a ver en la sequedad y nos va a provocar un impacto social y psicológico de la comunidad”.

Hace notar que ellos son pequeños productores agrícolas cuyos huertos no superan la hectárea, produciendo fundamentalmente paltos, nueces y una variedad de durazno que es la única que sale al mercado en el país en el mes de octubre.

Durante la audiencia en el frontis del edificio del Tribunal oral en lo Penal de Ovalle se congregó un pequeño grupo de dirigentes de las comunidades que se podrían ver afectadas, haciendo un llamado de atención a los transeúntes a través de un megáfono, y pegando carteles en los muros exteriores del tribunal.

“Le tiraron la querella como para amedrentar a los dirigentes de pequeños regantes y a los que defendemos el agua para la bebida, que es el elemento vital para que vivamos las personas. Y ahí es donde me pregunto de cuál es la prioridad de las autoridades, el agua para la bebida de las personas, los habitantes, o bien para el negocio de las grandes empresas . Y esa es la pregunta que se hace en el río Mostazal y vemos que está ocurriendo a lo largo de todo Chile”, afirma una de las manifestantes.

CARA Y CONTRACARA : LA QUERELLA DE LA EMPRESA

Por otra parte  la contraparte , la empresa Combustibles, Servicio de Transporte y Cargo Sociedad Anónima, CONTRACAR, sostiene que el dirigente Bonilla Castillo es responsable de los delitos de injurias y calumnias en grado de consumados.

Explica en el texto de la querella que la  ermpresa en agosto de 2014 solicitó a la DGA la autorización para realizar, con el propósito de un cambio de fuente de abastecimiento de agua,  pruebas de exploración de aguas en el sector de Carén,en el lecho del río Colliguay Alto,  con la autorización del mes de septiembre de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y la Municipalidad de Monte Patria, de manera de conocer si existía la cantidad de agua necesarias. En las semanas siguientes se efectuaron las pruebas de bombeo en el pozo.

“Pues bien, a pesar de tener todas las autorizaciones pertinentes y ya realizando la actividad de exploración y perforación en terrenos de uso público (…) el querellado don Carlos Bonilla Castillo, interpuso una denuncia de extracción de aguas y la ejecución de obras no autorizadas en el cauce del río Mostazal, iniciandose por esto un proceso de fiscalización de la DGA sobre los trabajos que se realiza”.

En noviembre del año pasado– dice el texto –  luego de analizar los antecedentes la DGA habría rechazado la denuncia  por cuanto no existía la tal extracción de agua, asegurando que siquiera había instalación electrica para accionar bombas .

“A sabiendas de esto, el señor Bonilla efectuó acciones en descrédito de la empresa  como publicar el 24 de diciembre un video en Youtube en el que asegura que existe un pozo de 80 metros de profundidad y que si el pozo de la empresa Cotracar llegara a funcionar se secarían todas las napas”. Añaden que, no contento con eso, el 21 de enero de este año el querellado concurrió a diario El Ovallino reiterando estos conceptos

Precisan los querellantes que el pozo en construcción no tiene 80 metros de profundidad, “así como tampoco se pretende la cantidad de 300 derechos de agua o acciones  puesto que de acuerdo a la solicitud de cambio de fuente de abastecimiento, la que fue publicada en el Diario Oficial de fecha 03 de noviembre del 2004, claramente se indica que son 20 derechos o acciones que en año normal equivalen a 1 litros/ segundo por derecho”, añade.

La causa cointinuará su curso en los tribunales, en tanto que los dirigentes montepatrinos, afirman que ellos proseguirán en la defensa de sus derechos, haciendo aun llamado a los afectados de las otras comunidades del sector, y de toda la comuna, a sumarse a la campaña para detener una obra que – sostienen – sería el fin de un sistema de vida. Y afirmando que no obstante estas acciones legales no se dejarán amedrentar.

El máximo tribunal remitió a la Cámara de Diputados el informe sobre el proyecto de Ley que crea nuevos juzgados y redistribuye jueces en todo el país.

En la Cámara de Diputados se encuentra ya el informe sobre el proyecto de ley remitido por la Corte Suprema que crea tres nuevos tribunales en el país y redistribuye 77 cargos de jueces de juzgados de Garantía y de tribunales orales de Santiago, que no han sido designados.

El proyecto fue analizado, el viernes 10 de abril pasado, por el pleno del máximo tribunal y en la Región de Coquimbo correspondería la creación del cargo para dos nuevos jueces en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, que actualmente cuenta con tres magistrados.

Asimismo, a nivel nacional se contempla el nombramiento de 115 funcionarios de diversos grados del escalafón de empleados, para apoyar la labor de los nuevos jueces.

OPINIÓN DEL PLENO

En el informe, la Corte Suprema considera que: «Si bien el proyecto de ley permite mejorar aspectos deficitarios de la administración de justicia en cuanto al número de tribunales y a las respectivas dotaciones, cabe indicar que la iniciativa no es suficiente para satisfacer un estándar apropiado que conjugue el equilibrio entre carga de trabajo y dotación. En efecto, si bien se considera positivo el avance del proyecto de ley en comento, cabe insistir en los requerimientos adicionales que el Poder Judicial ya ha efectuado al respecto para ser tramitados en otra iniciativa legal (…) sería conveniente incorporar a este texto un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial acerca de las actuales necesidades de una mayor dotación en diversos tribunales del país».

Por ello, concluye: «Sin perjuicio del positivo efecto que producirá el proyecto en el desempeño de la función judicial, cabe insistir en las necesidades adicionales de jueces que no son absorbidas por este intento legislativo y que requieren de la presentación, en el más pronto plazo, de los proyectos de ley que tiendan a satisfacerlas».
El informe sobre el proyecto fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez; siendo enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se encuentra en primera fase de tramitación.