Las promesas de la Nueva Mayoría, que se instaló en el poder con la presidenta Bachelet gozando de una alta aprobación, y con apoyo de sus electores que conformaban mayoría dentro del bajo número de participantes en el proceso eleccionario, asegurando que la salud se vería mejorada, la educación por fin sería gratuita y de calidad, que la igualdad sería el sello que distinguiría a su mandato, que se reformaría el sistema electoral –lo que en definitiva sólo aumenta el número congresales- hoy altamente cuestionados, que la justica sería optimizada, etc., motivó que se acuñara la frase de “pasar la aplanadora”, sobre todo proyecto del gobierno anterior, para partir de cero, pero su incumplimiento ha redundado en la bajísima aprobación de la presidenta y gobierno.
La reforma tributaria que se suponía posibilitaría estos cambios que frenó el crecimiento, el no observar mejoras en la salud, cuya deuda ha crecido en forma impresionante; la detección de empresarios como fieles cooperadores en la captación de fondos para financiar la campaña de Bachelet, como Jorge Rosenblout, ex presidente de Enersis, hoy investigado por la justicia, o Andrónico Luksic, que incorporó a integrantes de sus empresas como ministros en carteras que deben fiscalizar sus empresas y además entregó un millonario préstamo al hijo y a la nuera de la mandataria, sin cumplir con los requisitos, junto con afectar a altos personeros de gobierno que debieron dejar sus cargos, por verse involucrados en actividades ilícitas, como entregar facturas ideológicamente falsas a empresas como SQM, de propiedad Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, obligaron al gobierno a tratar de reparar la falta de confianza en la mandataria y la clase política, creando normas para recuperar las estándares de probidad, pero en lugar de lograr ello, cada vez se ve más afectados por nuevos escándalos que aparecen.
La incertidumbre reinante en relación a la vertiginosa caída en la credibilidad de la presidenta y las autoridades que la acompañan, ha provocado que los cambios de ministros, jefes de servicios y organismos dependientes, cuyos cargos algunos recientemente nombrados debieron abandonar, como el retardo en llenar vacantes dejadas, incidiendo en una errática marcha institucional –quizás por la falta de postulantes cuya probidad no admita dudas-, han motivado severas críticas dentro del oficialismo y convertido a muchos de su actores en acérrimos opositores, bajo el pretexto que “el no cumplir o modificar las reformas propuestas con tanto bombo”, debido al bajo crecimiento observado es un acto de irresponsabilidad política, lo que incluso llevado al PC a manifestar que esto los hace evaluar su continuidad dentro del conglomerado.
Un claro ejemplo de lo anterior, es lo que ocurre con la tramitación del proyecto de la carrera docente, que busca elevar la calidad del profesorado, junto con entregarles un trato más digno, en que la aprobación para legislar conllevó un sin número de dificultades, en que quienes se han distinguido por negarse al diálogo son algunos representantes de la colectividad oficialista, que incluso derivó en un prolongado paro de los docentes, que es indudable que dañó de forma ostensible a las familias y alumnos del sector más vulnerable, además de seguir disminuyendo la matricula en los establecimientos de educación municipalizados, perjudicando a quienes se dice defender.
Dra. Susana Verdugo Baraona
