En abril de este año, el Ministro del Interior, refiriéndose a los atentados incendiarios o colocación de explosivos en La Araucanía, comunicó que el gobierno actual no invocaría la ley que castiga las conductas terroristas; porque dicha legislación no sería una fórmula para resolver conflictos sociales y se querellaría sólo por los delitos comunes envueltos en tales acciones.
Quedó claro, para los habitantes de la zona, que con gran dificultad reciben auxilio oportuno al enfrentarse a estos delitos, que debían confiar en el Estado que les garantizará protección y defensa efectiva, evitando que se incrementen quemas de residencias, animales, maquinaria agrícola, cosechas, muerte de personas como el matrimonio Luschinger Mac Kay y los siete brigadistas de Conaf que fallecieron calcinados en incendios intencionales, etc., ya que ello según el gobierno, no constituían “acciones violentas para aterrorizar a personas”, sino simples conductas de reivindicaciones ancestrales”.
Sea cual sea la motivación; la violencia no puede justificarse y menos cuando produce gravísimos daños y muertes, ya que en la medida en que la autoridad se inhibe -sin condiciones siquiera- de invocar los instrumentos jurídicos vigentes ante situaciones objetivamente graves de alteración del orden público y la juridicidad, existe el riesgo de que se esté abonando la percepción de que no hay costo mayor en seguir el camino de la presión terrorista para imponer demandas.
El gobierno al no aplicar la Ley Antiterrorista en La Araucanía, entrega una mala señal que permite que los delincuentes actúen en la región con impunidad, más aún, agravado cuando algunos de sus integrantes solapadamente insinúan la existencia de montajes en estos casos. Se equivoca el diputado Schilling al llegar a la “conclusión que esta ley no sirve para nada y por ello la derogaron”, puesto que frente a hechos de igual o menor gravedad en Santiago, el gobierno la ha invocado y manifestado su intención de hacerlo ante eventuales eventos similares.
Nadie puede negar, que el gobierno anterior intentó por todos los medios buscar la aplicación de justicia en estos casos, no obstante la oposición ejercida; lo que ha llevado al Diputado Matías Walker a declarar que en el caso de investigaciones por colocaciones de bombas en el pasado “Hubo un error grave en el gobierno de Piñera de querer tener resultados inmediatos”, obviando mencionar que quien investigó fue el Ministerio Público, poder autónomo y “No el gobierno” y… “hubo un error de gente de nuestro sector de acusar un montaje en el caso bombas”, a lo que debió agregar, que además de error, constituyó simplemente un “acto de aprovechamiento político”. (La Tercera 15.09.2014).
Dra. Susana Verdugo Baraona.-
